Ante la desaparición de Ivana Módica desde el pasado jueves 11 de febrero a la media noche, desde el Departamento de Géneros y Diversidades del CDP ATE Córdoba manifestamos nuestra preocupación y solidaridad con la familia ante semejante situación. Asimismo exigimos la rápida intervención de la justicia para casos de desapariciones de mujeres en donde están implicadas sus parejas.
Ivana es una trabajadora estatal del ámbito nacional, se desempeña como personal civil en la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Área Argentina. Ante la noticia de la desaparición familiares, amigos, compañeros y compañeras de trabajo de su sector y vecinos de la ciudad de La Falda participaron el pasado domingo 14 de febrero de una movilización en el centro de la ciudad serrana, siendo unas 300 personas para reclamar la aparición con vida de Ivana.
La poca celeridad de la justicia y la falta de agentes policiales con perspectiva de género muestran que luego de 5 días de la desaparición de Ivana Módica, no haya pistas firmes sobre dónde puede estar. Recién ayer lunes a la tarde, la pareja de Ivana, Javier Carlos Galván piloto de la Fuerza Aérea y vicecomodoro, fue detenido e imputado por falso testimonio agravado debido a contradicciones en su declaración, conforme a la orden de la fiscal de la causa de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez. Asimismo se da a conocer que Galván habría violado una orden de distanciamiento tras una denuncia por violencia de género que había realizado Ivana Módica hace varios meses.
No sabemos si estamos a las puertas de nuevo femicidio en la provincia de Córdoba, pero ante la desaparición de una mujer trabajadora, la cantidad de días que han pasado, y considerando los antecedentes de su pareja junto a los falsos testimonios en su denuncia, denota que las instituciones no están preparadas para un abordaje integral de los casos de violencia hacia las mujeres. En Argentina sigue muriendo una mujer cada 20 horas por el hecho de ser mujer. Por ello, como entidad sindical en general y como Departamento de Géneros y Diversidades en particular, exigimos el cumplimiento de la Ley Micaela en los organismos del Estado incluyendo las fuerzas de defensa nacional y seguridades provinciales.
También, instamos a los organismos del Estado (Nacional, Provincial y Municipal) a la elaboración de protocolos de actuación para la prevención y tratamiento de la violencia de género tanto si se produce por un/a agente de su dependencia como si afecta a un/a agente de esa repartición. Para que cuando una trabajadora estatal esté sufriendo violencia de género tanto en ámbito laboral como en el ámbito domestico existan mecanismos de actuación que preserven a la integridad y vida de quien sufre la violencia. Como sociedad debemos promover una vida libre de violencia machista en cualquier ámbito donde las mujeres se desempeñen.
