Córdoba debió abordar la lucha contra el coronavirus con un sector público muy desgastado por el ajuste permanente del modelo de gestión cordobesista, tras dos décadas ininterrumpidas en la Provincia.
El gobernador Juan Schiaretti encabeza un tercer mandato con salarios miserables, que rondan en promedio 35 mil pesos, donde la precarización y la falta de personal quedaron en clara evidencia, confirmando así las denuncias públicas que ATE viene realizando hace años.
El pluriempleo que sufren las y los trabajadores de la salud debido a los bajísimos sueldos, produjo que los contagios en los equipos de salud de las clínicas y centros de salud privados se trasladaron casi inmediatamente a los hospitales. Sucedió en el geriátrico de Saldan, en el Hospital Privado o en la Clínica Sucre.
El diagnóstico suma una infraestructura de camas para la internación deficitaria y el 30% del plantel de trabajadoras y trabajadores en condiciones de contratación precarizada, con sobreutilización de contratos a plazo injustificados, abusos sobre residentes médicos, tercerizaciones de servicios generales como limpieza e higiene y otras figuras de precarización siempre a mano de los funcionarios de turno.
El panorama salarial de este año no es mejor: la pandemia no motivó un esfuerzo extra para bancar a los trabajadores que ponen el cuerpo a la pandemia. Ni mejoraron las condiciones de contratación, ni otorgaron algún suplemento salarial para la emergencia, que no fuera hacer un pasamano del bono nacional de 5000 pesos, que encima no cobraron los residentes porque el gobierno se negó a incorporarlos como parte del plantel de trabajadoras y trabajadores.
En junio, Schiaretti hizo aprobar en la Legislatura un ajuste de las jubilaciones que se pagan a través de la Caja provincial, en línea con la permanente poda de derechos que los estatales cordobeses vienen sufriendo hace años, mientras sojeros y especuladores inmobiliarios tiene un lugar siempre reservado en la mesa del gobernador.
La última novedad del gobierno oficial fue desdoblar el último tramo de la pauta salarial en la administración pública, salvo para médicos y policías, que consistía en un paupérrimo 5%.
Al mismo tiempo, la falta de personal y la cuarentena obligatoria de las y los compañeros, que por su edad o salud personal están en situación de riesgo, aumentó la presión sobre los equipos de salud, que se vieron obligados a redoblar el esfuerzo para atender la demanda creciente.
Vale señalar la salud es uno de los sectores más feminizados de la economía: 7 de cada 10 son trabajadoras, aunque ocupan solo el 20% de los cargos jerárquicos.
El reclamo desde ATE, en conjunto con otras organizaciones gremiales hermanas, por la falta de cumplimiento de los testeos regulares y periódicos a los equipos de salud que no presentan síntomas de contagio, con el riesgo de propagación de la enfermedad a su entorno cuando son asintomáticos, completa un panorama que nos tiene a los estatales muy preocupados.
La caída de la inversión en salud pública de los últimos presupuestos, el congelamiento de incorporaciones en la planta permanente y en el plantel general en contraste con el incremento generalizado del sector sanitario privado, dan cuenta de las falencias de un sistema que debe introducir fuertes cambios de gestión y de criterios sanitarios, más allá de la coyuntura, para garantizar un acceso a la salud de calidad para el conjunto del pueblo.
Federico Giuliani
Secretario General
ATE Córdoba
