La iniciativa contó con amplia de respuesta de las y los compañeros, participaron a través de la sala del zoom organizado para la oportunidad y de la página de Facebook del Consejo Directivo Provincial (CDP).
Coordinado por nuestra secretaria de Prensa, Julia Giuliani, la charla debate contó con la presencia los panelistas Federico Giuliani, secretario General del CDP Córdoba, Julio Fuentes, trabajador del Instituto de la seguridad social de la provincia de Neuquén y secretario General de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE), Recadero Gálvez, administrador público, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas y docente e investigador de la Fundación Sur, de Chile, Mario Montes, licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, presidente de la Asociación General de Empleados Provinciales y Municipales de El Salvador (Agepym), Lorena Luján, asesora en seguridad social y del equipo de representación de Trabajadores de Previsión Social de Uruguay y Martín Pereyra, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado de Uruguay (Cofe).
Además, la actividad contó con la presencia de compañas y compañeros de larga y respetada trayectoria Marta Maffei, dirigente docente que formó parte del núcleo fundador de la CTA, Carlos Custer, dirigente de ATE, fundador de la CLATE y ex embajador en el Vaticano, y Oscar Cacho Mengarelli dirigente de ATE, fundador Anusate y vicepresidente del Centro de Jubilados Nacional de ATE, y Leonarda Pocha Correa, integrante también del Centro Nacional de Jubilados de ATE y dirigente estatal correntina.
Al introducir la conversación virtual, que contó con alrededor de 80 compañeros participantes, la compañera Julia Giuliani destacó que “para los militantes y dirigentes de ATE esta fecha es muy sentida: hace 27 años falleció German Abdala, un compañero de esos imprescindibles que promovió leyes en beneficio de las y los trabajadores estatales cuando fue diputado nacional. Recordaban que la resistencia a la privatización del sistema jubilatorio fue su último acto en el congreso antes de partir”.
La secretaria de Prensa destacó que el encuentro se realizó “en el marco de la campaña internacional de la CLATE”.
Federico Giuliani tomó la palabra seguidamente para dar la bienvenida a todos e introducir sobre la gravedad de la situación que atraviesa el sistema jubilatorio provincial.
El secretario General del CDP destacó que “la actividad es muy importante porque tiene trascendencia para construcción de nuestro sindicato y la CTA en la provincia. Si bien Córdoba parió la reforma universitaria, que fue faro para el desarrollo de una universidad pública, democrática y popular, y el Cordobazo, tierra de grandes dirigentes como Agustín Rosco o Atilio López, René Salamanca, Héctor ‘la Perra’ Castro; también es una sociedad con una clase dirigencial conservadora y antipopular”.
Entre otros puntos de su mensaje, Giuliani destacó:
- “Debo decir que el FMI promueve y exige a los gobiernos de turno, en todo el continente, la reforma previsional a la baja de las jubilaciones para después habilitar créditos que se transforma en impagables, fraudulentas, ilegales e inmorales deudas externas”.
- “Esto claramente tiene una concepción neoliberal del capitalismo que es achicar el gasto público que está dirigido a sectores muy vulnerables, compañeras y compañeros jubilados, pero también trabajadores que hacen sus aportes de manera religiosa todos los meses. Ese dinero lo terminan utilizando para parchar otros gastos”.
- “Esta charla es necesaria porque el 20 de mayo pasado asistimos a una nueva medida de ajuste del gobierno provincial, que encabeza Juan Schiaretti, le llaman reforma pero es ajuste para los bolsillos de las y los trabajadores. A pesar de la pandemia, del aislamiento social preventivo y obligatorio el movimiento obrero en su conjunto salió a la calle para repudiar esta reforma”.
- “Revisando la historia podemos ver que desde 1999 nos gobierna el cordobesismo, el justicialismo versión Córdoba, construcción que pierde su perfil histórico de justicia social y se transforma en una fuerza conservadora y antipopular. Primera reforma fue en 2008, con este mismo gobernador en el cargo, para cambiar el cálculo del salario para pasar del promedio a los últimos 12 meses a los últimos 48. En agosto de 2012 se da la segunda reforma, bajo la ley 10078, desfasando las actualizaciones salariales a los jubilados por seis meses respecto a los activos. En 2015, vuelve este personaje Juan Schiaretti, para impulsar otra reforma, retocando la ley de 2012, con el condimento que contó con el apoyo del entonces presidente Macri. Ese caso fue un nuevo ajuste, feroz, modificando el cálculo del haber, pasando al 73% del salario del activo”.
- “La última ley que impone el ajuste es del pasado 20 de mayo de este 2020, en medio de la pandemia, otra avanzada sobre el sistema previsional público cordobés. Ahora se pospone nuevamente las actualizaciones, se rebajan las pensiones por invalidez y se modifica definitivamente el cálculo del haber para establecerlo según el promedio de los últimos 10 años, eliminando la bonificación por exceso de servicios, entre otros puntos”.
- “Ante esta pelea desigual con el Estado empleador, que tiene la connivencia de sectores gremiales de la burocracia sindical, funcionales a estas reformas, desde ATE decidimos dar la pelea judicial, definimos ir por una demanda de inconstitucionalidad con nuestro equipo de letrados y el asesoramiento del previsionalista Aníbal Paz. El TSJ admitió nuestro planteo y es un avance atento a que 7 de cada 10 se rechaza. Ahora la Provincia tiene la pelota para responder a la demanda”.
- “Denunciamos allí la violación de pactos internacionales a los que Argentina está suscripta, como el Pacto de los Derechos Sociales y Civiles de 1968 –que establece que los estados deben mantener el piso y elevar el techo de derechos en función del principio de progresividad–. Además nuestros abogados detectaron que esta reforma tiene un sesgo patriarcal porque afecta mucho más a mujeres que a hombres. Nuestro sindicato decidió por eso acudir también a organismos internacionales para presentarnos ante la Corte Interamericana de DDHH y ante la OIT”.
- “Mientras, seguimos luchando por un estado más presente, con una mirada social, atentos a defender los intereses de las mayorías. Ese sueño por una patria grande por tener un proyecto emancipatorio, de liberación del imperialismo, soberano de justicia social e igualdad para todas y todos, aún está inconcluso y depende de nosotros que se termine de concretar”.
La CLATE el Foro Internacional Previsional
Acto seguido, Julio Fuentes destacó el lanzamiento, hace un año, del Foro Internacional de Defensa de los Sistemas Previsionales. El dirigente desatacó que la iniciativa “nace a partir de una convocatoria de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) a organizaciones sindicales y sociales para tener una reunión en Porto Alegre, donde participamos fundamentalmente compañeros de Brasil, Chile y Argentina, sumando compañeros que integran la CLATE, para buscar la constitución de un espacio donde podamos coordinar acciones, transmitir experiencias e información”.
Otros puntos de su exposición.
- “Esta es una lucha que no alcanza con llevarla a cabo solo desde los trabajadores y los sindicatos, tiene que ser una pelea que integre plenamente a todo el pueblo. Esta perfectamente demostrado que los sistemas previsionales solo pueden existir si son estatales, universales, solidarios y de reparto. Por el contrario, los sistemas privados son un excelente negocio para los bancos que lo administran pero ineficientes e inoperantes para dar una respuesta previsional. Ese camino debemos abandonarlo (en la región) porque el Banco Mundial y el FMI están promoviendo nuevamente la privatización como respuesta al déficit del Estado”.
- “La situación hoy es delicada. Latinoamérica y el caribe tienen una población de 630 millones de habitantes, de los cuales 70 millones tienen más de 60 años de edad. De esa cantidad sólo la mitad tiene un sistema de previsión, solo uno de cada dos. ¿Cómo se ve para adelante? La población va envejecimiento paulatinamente, a pesar de ser un continente joven. Para 2030 serán 107 millones de adultos mayores, para 2050 será uno de cada cuatro latinoamericanos”.
- “El problema los sistemas previsionales están desfinanciados. En muchos casos los administradores malversaron fondos públicos, con tolerancia de los gobiernos y mucha dirigencia sindical, pero también porque el 60% de los trabajadores de la región son informales. No porque se dediquen a actividades marginales sino porque existe una gran cantidad de trabajadores en empresas formales que no aportan por sufrir la informalidad. Por eso la complacencia de gobiernos y sindicatos afines. Con un sistema previsional desfinanciado y el aumento progresivo de la población adulto mayor de 60, la perspectiva es de hambre y postergación”.
- “Si le sumamos la crisis económica producida por la pandemia, la baja de los aportes previsionales torna la situación muy grave. Por eso el Foro debe revitalizarse, es necesarios constituir espacios de debate donde participen instituciones, legisladores, sindicalistas pequeños y medianos empresarios, universidades, para construir unidad que nos permita dar esta lucha por el sistema previsional. Esto es hoy porque para adelante la situación tiene una gravedad tremenda. Debemos ser conscientes del trabajo que tenemos para adelante”.
La experiencia chilena
Posteriormente el compañero Recadero Gálvez relató cómo atraviesa Chile la crisis con un sistema previsional completamente privado.
En un párrafo de su introducción, sostuvo que en el país trasandino “existe un sistema de capitalización individual que se basa en aportes individuales, administrado por empresas con fines de lucro, según lo estableció el decreto que les dio vida durante la dictadura de Pinochet, en 1981. Este ahorro de millones de trabajadores comenzó a utilizarse como fuente de financiación de empresas privadas e instituciones como la banca o empresas estatales, siempre mediado por los privados. El sistema de AFP (administradores de fondos de pensión) solo tiene el aporte del trabajador porque los patrones no cotizan”.
Además dijo, entre otras consideraciones:
- “Ahí aparece el Estado como una especie de respirador artificial que subsidia el sistema privado bonificando al 60% más pobre de la población, siempre que el beneficiario compruebe que es pobre, entre otros requisitos. Por este sistema, las pensiones que se pagan no alcanzan para vivir, son de hambre. Con 30 o 35 años de aportes el 50% de las personas no alcanzan a cobrar el monto de un salario mínimo, que ya de por sí no alcanza tampoco para vivir.”
- “Es un sistema obligatorio y sin hay alternativa solidaria que ya lleva 40 años de existencia que utilizan los grandes grupos económicos de la oligarquía y la elite chilena para financiarse. Según nuestros estudios los 30 principales grupos empresarios chilenos ya recibieron inversiones de 40 mil millones de dólares”.
- “En definitiva en Chile está vulnerado el derecho a la seguridad social establecido en los pactos internacionales y en las normas de la OIT. En gran medida, el debate sobre la eficiencia del sistema privado, y llama la atención que con estos cuestionamientos en otros lugares se horade a los sistemas públicos”.
El caso de El Salvador
Seguidamente, el compañero salvadoreño Mario Montes brindó un resumen de la situación que vive la nación centroamericana.
- “Acá Salvador es una economía dolarizada, y tenemos las AFP copiando el modelo chileno. Hasta 1975 no existía sistema previsional, no había cotización. En esa época nació el Instituto Nacional de Pensiones, solo para los estatales. Los privados cotizaban solo para el sistema de salud, hasta el 2006 cuando nace el sistema de AFP. El control político total del mismo partido en el ejecutivo, el legislativo y el judicial impidió intervenir ante la inconstitucionalidad del sistema, que contó para su implementación con asesores chilenos. Hay que tener en cuenta que, a su vez, estaba prohibida la sindicalización en el ámbito estatal según la Constitución que debió ser modificada para poder suscribir los tratados internacionales de las OIT.
- La propaganda que promovió las AFP, cuando se implementó en 1998, convenció a los trabajadores que íbamos a vivir en el paraíso. Sin embargo, desde el 2000 ya comenzaron a recortar derechos establecidos en el propio sistema. Hoy los estatales nos estamos pensionando con un salario normalizado del 30% del activo. Como existe una pensión mínima de 207 dólares la gran mayoría se jubila con ese monto, porque por sus aportes al sistema privado no alzan a cobrar ese salario mínimo.
- Desde el 2017 a la fecha estamos en esa pelea para revertir esa situación y modificar el cálculo de las pensiones. La lucha judicial no tuvo eco en tribunales y ahora estamos en una pelea para que se modifique en el congreso en base al principio de igualdad. El problema, además, es que los compañeros no se quieren pensionar por ser tan bajo el ingreso y eso está extendiendo el periodo de trabajo activo.
- Sin embargo no perdemos la fe en que nuestra pelea, con una lucha en las calles y en el parlamento, modificaremos este panorama. Propusimos la creación del instituto público de la previsión social que unifique la situación de estatales y privados, dando un ingreso digno a los trabajadores.
Uruguay: un nuevo gobierno conservador pone el debate las jubilaciones
A su momento, la compañera Lorena Luján, de la Cofe y la Central Sindical PIT-CTN aseguró que “en tiempos de la pandemia se ha visibilizado la importancia de la seguridad social. En Uruguay cuenta contamos con un sistema mixto: de aporte solidario por un lado y de aporte individual por el otro. Pero fue el sistema solidario que cobró importancia en esta época porque otorgó los subsidios a los trabajadores durante la crisis sanitaria. Pero al mismo tiempo mostró que no alcanza porque muchos trabajadores se quedaron afuera de las ayudas estatales, a pesar que tenemos una buena cobertura”.
Otros puntos de su reflexión fueron:
- “En enero eran 50 mil trabajadores que cobraban subsidios por desempleo y hoy son 172 mil, lo que demuestra la importancia de la cobertura”.
- “En los últimos años tuvimos avances a través de las estrategias de formalización del trabajo”.
- “Desde este año Uruguay tiene un gobierno de derecha que promueve un paquete legislativo que atenta contra la libertad sindical, el derecho a huelga, donde está incluida la seguridad social”.
- “Por eso decimos que la pandemia no es solo el Covid sino algo mucho más grande y tenemos que estar unidos para enfrentar esta otra pandemia que son los gobiernos que recortan derechos previsionales”.
- “En Uruguay, frente a una futura reforma, estos debates que involucran a la seguridad social son esencialmente políticos y refieren a una concepción y normativa sobre justicia y ética. Por eso decimos que deben contar con el conjunto de la población, a través del sistema político y de las organizaciones sociales representativas”.
- “La reforma debe ser a partir de un abordaje integral en dos sentidos. Con garantías de protección social de forma amplia, que incluye lo previsional, discutida con los mecanismos de financiamiento pero teniendo en cuenta la sostenibilidad social. El otro tema son los subsistemas de jubilaciones, tenemos un sistema fragmentado. Si bien el sistema tiene un 90% entre el sistema solidario y el de aporte individual, también están las cajas bancaria, profesional y notarial, así como los sistemas especiales de la policía y las fuerzas armadas. Estos diferentes subsistemas presentan diferentes beneficios y tipos de aportes, que en algunos casos se justifica pero otros no”.
- “Los desafíos que enfrenta la seguridad social, como aumentos de la longevidad, cambios en el mundo del trabajo y las tensiones sobre la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo afectan a todos los regímenes. Sobre el foro internacional, decíamos ya en el encuentro de Buenos Aires de la CLATE que apostamos a una seguridad social sin lucro, y vemos muy importante crear un frente regional en defensa de la seguridad social. Estamos en tiempos donde debemos juntarnos frente a los que ven la crisis como una oportunidad de ajustar a los trabajadores”.
Experiencia y presente
Un párrafo aparte mereció la participación de Marta Maffei. La dirigente docente arrancó asegurando que “venimos a constatar que las denuncias que hacíamos hace 20 años se ha confirmado. Hoy la situación de los jubilados es peor, crecientemente peor”.
Y destacó:
- “Hay una responsabilidad muy fuerte de las organizaciones sindicales. Nosotros estamos en CTA que peleo históricamente por el salario y las jubilaciones pero no es así con otras organizaciones sindicales. Hay una manifiesta complicidad de algunas organizaciones sindicales con los grupos económicos y que sostiene el Estado. En ese marco, hay una enorme evasión de aportes de los trabajadores”.
- “Leía la otra vez un artículo de Pipón Giuliani detallando como se mueven los organismos estatales frente a la evasión, como sucede con la AFIP. También sucede con organismos provinciales para los sistemas de esas jurisdicciones”.
- “Lo que vemos es que se aplica el ajuste para los que están peor, para los más desprotegidos, los que tienen menos posibilidades de acceder a organizaciones que les dé una alternativa. Para los sectores económicos y empresariales no hay ajuste. Ellos siguen liderando la acumulación, como contaba el compañero de Chile con las AFP, financiando a pérdida en algunos casos, pero la pérdida es de los trabajadores, no de las administradoras”.
- “¿Cuándo es el momento de dar la pelea? Siempre. Y como decía Mario Montes es el momento también de darnos una política regional sobre la seguridad social, con una articulación para volcar esta situación”.
- “Como decía Julio Fuentes, el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de jubilados dentro de la población en el futuro es un problema que tenemos que abordar, porque con estas jubilaciones que cobramos vamos a tener a todos los jubilados trabajando. Porque no hay alternativas de sobrevivencia”.
- “Los ajustes atacan sobre todo a los trabajadores más pobres. Creo que no es solo la pandemia sanitaria, también hay una pandemia política que ha significado aun en los llamados gobiernos progresistas en Latinoamérica, con un peramente ceder ante los grupos económicos. Las organizaciones sindicales tenemos que trabajar mucho para generar conciencia, tanto sobre las modificaciones que tiene que hacer el Estado para preservar y aumentar derechos como en la clase trabajadora para convencer que es la lucha colectiva la que genera los resultados esperados”.
