En consonancia a lo expresado por nuestra organización a nivel nacional, el Consejo Directivo Provincial rechaza la “nueva política de Defensa” anunciada por el decreto presidencial 683/2018, por romper con uno de los consensos básicos del retorno a la democracia en 1983, como es la separación de las funciones de defensa nacional y seguridad interior, y la no injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.
Ante esto, junto a los demás organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, políticas y gremiales, convocamos a la manifestación que tendrán lugar mañana jueves 26 de julio a las 18 horas en Av. Vélez Sarsfield y 27 de Abril.
Otro de los puntos cuestionados del decreto es aquel en el que habilita a las FFAA a brindar “apoyo logísitico” e intervenir en la “custodia de objetivos estratégicos”.
Desde ATE denunciamos que la decisión del Gobierno tiene como objetivo la represión y criminalización de la protesta, que sin dudas crecerá ante la profundización del ajuste y la vulneración de derechos sociales y económicos. Y señalamos que no es casual que el anuncio surja en el marco del avance de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la celebración de las cumbres del G-20.
Por caso, en Córdoba, el decreto habilita a militarizar las Fábricas Militares, sectores que afrontan largos planes de lucha ante el vaciamiento continuado de la política del Ministerio de Defensa que encabeza Oscar Aguad.
Cabe advertir que la intervención de las FF.AA. en seguridad interior está totalmente prohibida por las leyes sobre materia de Seguridad y Defensa y que no se ajustaba a estándares internacionales de DDHH. En tal sentido, se opone a los avances logrados recuperada la democracia por diferentes fuerzas políticas, como fueron las leyes de defensa nacional y seguridad interior de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín) y 1991, respectivamente (sancionada durante el gobierno justicialista de Saúl Menem), y el decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner).
Tal como señalo el consejo Federal de DDHH, esta decisión, con la historia que hemos vivido argentinos y argentinas y con los hechos represivos ocurridos en el último tiempo en manos de fuerzas nacionales, no hace más que traer nuevamente el terror a nuestra sociedad, que mantiene la conciencia viva de lo que significaron los golpes de Estado, las desapariciones, las torturas y las muertes.
La seguridad de un país debe asentarse sobre la inclusión social, la educación, el trabajo y la salud, jamás sobre un sistema represivo.
La deuda que tiene el Estado Nacional siempre será con el pueblo argentino y con el sostenimiento inclaudicable de la democracia.
Por todo ellos reclamamos rever dicha medida con convocamos a manifestar el repudio de toda la comunidad.
Liliana Salerno
Secretaria General
