ATE y el Colectivo por la Memoria denuncian que el jefe comunal Jorge Fabrissin despide delegados con tutela gremial, al tiempo que niega el genocidio y los delitos de lesa humanidad que realizó la dictadura en dicha localidad.
El Colectivo por la Memoria de Unquillo viene trabajando desde hace años para la recuperación de las memorias sobre el ex Centro Clandestino que funcionara en la ex Comisaría, como así también en la promoción de los derechos humanos que están siendo invisibilizados y vulnerados en la actualidad.
Contrariamente, el Intendente Jorge René Fabrissin que ocupó el mismo cargo durante la última dictadura Cívico Militar, no solo niega sistemáticamente la existencia de un centro clandestino y a los desaparecidos de Unquillo, sino que reedita prácticas antidemocráticas, reñidas con el derecho y la idea de libertad, como es la persecución política y judicial a quienes opinan distinto.
A pocos días de asumir, en diciembre de 2015, Fabrissin echó a más de la mitad de los empleados de la Municipalidad, entre ellos cuatro delegados de ATE. Es decir, niega sistemáticamente sobre hechos probados por la Justicia Federal respecto a la ex comisaría de Unquillo, sino que además niega y desconoce los canales democráticos de representación gremial y la legitimidad de dichas representaciones, todos derechos reconocidos nuestro país.
Persecusión a delegados gremiales
En los últimos días de febrero la Cámara de 2ª instancia de la justicia cordobesa falló en contra del amparo presentado por los delegados de ATE Antonio Aredes y Rosana Bustos -miembros del Colectivo por la Memoria de Unquillo- para dejar sin efecto sus despidos de la Municipalidad. Esta medida – que deja serias sospechas sobre la connivencia entre el poder judicial de córdoba y el poder político- fue apelada y será el Tribunal Superior de Justicia quien tenga la última palabra en el asunto.
Queremos expresar nuestra enorme preocupación ante el aval judicial a la ola de despidos y abusos de poder perpetrados por la actual gestión municipal de Unquillo, que evidenció la Cámara mencionada con su resolución.
El estado de derecho, y de la democracia misma, se ponen en jaque al negar los derechos de los trabajadores y la protección gremial reconocida en tratados internacionales y leyes nacionales, como necesaria e imprescindible precisamente, ante este tipo de situaciones.
