Los trabajadores resolvieron en estado de asamblea permanente en todas las reparticiones del país por 70 despidos que trascendieron ayer. En Córdoba serían tres compañeros despedidos.
Desde ayer por la tarde los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación realizando asambleas ante los trascendidos de que el gobierno habría decidido 60 despidos, en el marco de un programa de ajuste sobre la atención social que ejecuta la administración macrista.
Según explicaron los delegados del sector, en Córdoba habría tres trabajadores despedidos. Se trata una compañera que cumplía funciones en Deán Funes, a la que restaban seis meses para jubilarse, otra en Morteros, con 18 años de antigüedad, y una tercera compañera con 17 años de antigüedad, que además es vocal de la Comisión Directiva de ATE y por lo tanto cuenta con la tutela gremial correspondiente.
Así también, dos de las presuntamente despedidas tiene realizado el concurso de oposición para pasar a planta permanente en sus cargos. La situación de precarización que sufrieron históricamente estos trabajadores fue caldo de cultivo para que las autoridades del ministerio tuvieran vía libre para su despido.
En la oportunidad, la conducción de ATE Córdoba brindó todo su apoyo a los compañeros. Estuvieron presentes nuestra secretaria General, Liliana Salerno, y su adjunto, Luis Barcena, junto a otros miembros de comisión directiva. Los dirigentes resaltaron la necesidad de mantener la unidad de los trabajadores para revertir la situación.
En tanto, mañana se realizará una concentración en la, Ex Comisión Nacional de Pensiones Córdoba, 9 de Julio 745, a las 9 horas.
Funciones
Los despedidos se ocupaban del inicio de trámites por discapacidad, trasplantes y hemofilia, de pacientes que sufren hepatitis B y HIV. “Se hace mucho trabajo administrativo como cambio de bancos, reclamo de haberes, poner apoderados, si se suspendió alguna pensión se realiza la rehabilitación del beneficio. El trabajo es realmente social y en un sector muy vulnerable, acá se necesita gente para trabajar, más allá del derecho que asiste a estos compañeros de conservar su puesto de trabajo”, explicó Santiago Orsi, delegado de ATE del sector.
Respecto a la dinámica de atención actual, los compañeros explicaron que a la quita de funciones que sufren desde el año pasado se suman ahora estos despidos. “Todo forma parte de una política de reducción de derechos que se expresa en bajas de pensiones”, agregó la delegada Soledad Mícoli.
Actualmente, los trámites en áreas como Determinación de Derechos o Auditoría Médica tardan seis meses esperando para ser evaluados. “Una persona discapacitada tiene que esperar dos años para que le salga su pensión, si solo en auditoría médica pierde seis meses. A esto se suma el desgaste que sufren estos beneficiarios para venir al centro a hacer los trámites, sobre todo atento a que en general se trata de ciudadanos de los sectores más vulnerables. Es evidente que este ajuste perjudica a los más pobres”, finalizó Orsi.
Rechazo en CABA
Los delegados de la junta interna de ATE del Ministerio de Desarrollo social relataron un cuadro estremecedor, ante el montaje un operativo policial en la puerta del edificio de la Ex Comisión Nacional de Pensiones, con el objeto de impedir el ingreso de 70 compañerxs del organismo sin mediar comunicación previa de su despido. No se les permitió ingresar a su lugar de trabajo sólo por estar en la lista que manejaba el personal policial.
Según expresaron los compañeros del sector, esta situación es “el desenlace de un proceso de vaciamiento de una de las Políticas Públicas más importantes del País que dio respuesta a un sector vulnerable de la población, como son las personas con discapacidad, madres de siete hijos y adultos mayores. Como trabajadores y trabajadoras del Estado nos solidarizamos con los compañeros despedidos, repudiamos el accionar de un Gobierno que sistemáticamente vulnera nuestros Derechos y los de las personas a quienes se dirigen estas políticas públicas, por esto nos mantenemos en estado de movilización”.
