El anuncio del Presidente de la prohibición de nombrar familiares, dos años después de asumido, expone la improvisación y el marketing al mismo tiempo.
Justo cuando finaliza uno de los peores eneros que recuerden los estatales, a consecuencia de los anuncios de despidos, recortes y ajustes indiscriminados en diversos organismos de la administración pública, entes descentralizados y empresas estatales, el Presidente Macri salió a anunciar, finalizada su fallida excursión a la Cumbre de Davos, que prohibirá el nombramiento de parientes de funcionarios en el Estado.
Se trata de una evidente cortina de humo con que la administración PRO + UCR pretende cambiar el eje de la discusión pública, cuando se producen diarias manifestaciones en todos los ámbitos del Estado y del territorio en repudio a la Tercera Reforma del Estado.
En Córdoba lo sabemos bien, mientras enfrentamos en ajuste en Fabricaciones Militares, bajo la responsabilidad del ministro de Defensa Oscar Aguad, que a su vez nombró a su yerno De Loredo en Arsat, como es público y notorio.
También resistimos el ajuste despiadado y la pretendida disolución del Senasa, con despidos y quita de funciones, en una provincia que tiene un gran porcentaje de su PBI asentado en la economía agrícola-ganadera.
Pero Macri insiste en subestimar al pueblo, presentando como ‘reformas’ la disminución de un 25% de los funcionarios políticos, cuando al asumir la aumentó en un 37%.
Además, el recorte de funcionarios políticos impacta de manera ínfima en el déficit fiscal, generado por el desorbitado pago permanente de deuda externa que contrae al mismo tiempo.
Pero además el decreto, fundamentado en la falta de ética de nombrar parientes, evidencia que sus propios funcionarios no cumplen los parámetros éticos que teóricamente rigen la administración de Cambiemos hasta el punto que debe sacar un decreto que se lo ordene.
Por último, más allá de poco práctico e inconducente en su aplicación, el proyecto en realidad expresa que el gobierno pierde sus herramientas para confundir a la ciudadanía y vanamente intenta ocultar que está en una carrera desesperada por destruir lo que queda del Estado, dejando campo fértil para la entrega de los recursos nacionales al mejor postor.
Para ATE Córdoba, el decreto no es más que un anuncio vacío que no correrá el eje de los conflictos donde prima la defensa de los puestos de trabajo y del rol del Estado como articulador de la Nación.
