(Córdoba, 22-6-2012)
En sendos fallos judiciales, dos magistrados de la provincia reconocieron el ámbito de ATE Córdoba para representar a los trabajadores estatales, tanto en el Estado provincial como en la municipalidad de Cruz del Eje.
En la Provincia, la Justicia dio la razón a nuestro gremio por la discriminación que el gobierno delasotista viene realizando a los trabajadores, al no respetar la pluralidad en la representación sindical para ATE que rige en el Estado, situación que permite la convivencia de distintas organizaciones en un mismo sector.
En tal sentido, el juzgado de conciliación de 5ª nominación determinó la facultad de ATE para ejercer la representación de los compañeros y en tal sentido ordenó la reinstalación del delegado Roberto Ramos, del Hospital Misericordia, quien había sufrido un intento de traslado, contrariando la tutela sindical que lo protege.
El Ejecutivo delasotista aducía que tal derecho no era efectivo al no reconocer a nuestro gremio para actuar en el ámbito provincial. Ahora, el fallo reconoce esa potestad de ATE, lo que significa la primera resolución de fondo en la materia, después que el gobierno provincial desconociera a nuestro gremio en 2005.
Vale señalar que ya en el 2009, la resolución 708 del Ministerio de Trabajo de la Nación ratificó esta postura de nuestro gremio pero el gobierno se negó a cumplirla, dado que otro gremio apeló la medida administrativa. Sin embargo, el fallo en cuestión pone blanco sobre negro a la discusión y garantiza a los trabajadores provinciales que puedan elegir a los delegados de ATE, ejerciendo su legítimo derecho.
ATE siempre juzgó necesaria una resolución en una mesa de negociación que respete los derechos fijados por ley, pero la arbitrariedad oficial obligó a nuestro equipo jurídico a requerir la intervención judicial, como sucedió en el caso de Ramos.
También en Cruz del Eje
A su vez, un juez provincial de la ciudad del norte provincial ordenó al intendente, Francisco Esteban, retrotraer la situación de 35 trabajadores municipales con anterioridad al decreto 150/12, del 10 de abril pasado, que despojó de la planta permanente a los compañeros y rebajó brutalmente sus salarios.
El juez de conciliación Fernando Aguado obliga, en un plazo de 10 días, reinstalar en pleno derecho a los trabajadores y a pagar los salarios caídos. De esta forma, el magistrado puso racionalidad a un absurdo administrativo de Esteban, contrario a las constituciones Nacional y Provincial, así como a toda la legislación laboral vigente, que consagra la estabilidad del empleado público y resguarda su salario.
En su afán por designar personal precarizado, conforme a los compromisos políticos asumidos durante la campaña electoral del año pasado, Esteban la emprendió contra los trabajadores de planta del municipio, llegando a quitarle sus derechos a más de 300 compañeros.
Este fallo confirma la postura de ATE, que viene desarrollando un plan de lucha desde hace cinco meses, y abre las puertas a otras causas gemelas que denuncian la situación de más compañeros afectados por las medidas tomadas desde el municipio.
Trasfondo
Las resoluciones judiciales citadas expresan claramente que ATE viene poniendo en tensión en la justicia, a falta de otro camino, el lugar que la patronal pública ejerce respecto a los trabajadores estatales, al creer que los derechos de autonomía, consagrados en la Constitución, le permite avasallar -sea desde el Estado nacional, provincial o municipal- el sistema de representación colectiva y los derechos individuales de los trabajadores.
Esta situación que se reproduce en Córdoba, como en otras regiones del país, lleva en la práctica a los distintos gobiernos a tomar resoluciones como si fuesen islas autónomas donde no entra la regulación normativa, a menos que la voluntad de los gobernantes así lo permita, según la arbitrariedad del mandamás de turno.
Por eso, ATE despliega su acción gremial para que las relaciones laborales al cause natural, para que los gobiernos cumplan con la obligación de respetar los convenios colectivos de trabajo, llamen a paritarias anuales y se establezcan mesas de negociación donde los trabajadores hagan respetar cada uno de sus derechos.
