En un fallo emitido por el juzgado de primera instancia de Cruz del Eje, la justicia provincial estableció que ATE cuenta con ámbito de representación sindical en dicha ciudad y ordenó a la municipalidad que reinstale a un delegado despedido en el marco de una campaña persecutoria contra nuestro gremio.
La jueza Ana Zeller de Konicoff dictó la resolución la semana pasada, al generar sentencia en un juicio para la reinstalación del delegado Pedro Morán, que había sido despedido en 2012. La municipalidad se había negado a reconocer a ATE a pesar de los fallos preexistentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya dieron la razón a nuestro gremio en otras intendencias del país, como el caso del reconocido fallo de ATE contra la Municipalidad de Salta.
Por eso, la jueza determinó que ATE debe ser reconocido por el ejecutivo municipal como sindicato actualmente en pleno derecho para representar a los trabajadores.
Esta sentencia se suma a la obtenida el año pasado en San Agustín, donde el municipio también se negaba a reconocer a ATE. Aquel juicio ganado por nuestro gremio fue llevado adelante por la seccional Río Tercero y consolidó la opción de los trabajadores de ese municipio al optar por ATE como su gremio.
El fallo marca también una tendencia general de la justicia en reconocer la libertad y democracia sindical en el ámbito del Estado, tanto sea nacional, como provincial o municipal, que desarbola al sistema de sindical en argentina, que se funda en el monopolio de representación de un sindicato en detrimento de otros con igual derecho de representación en tanto los trabajadores así lo decidan.

Cruz del Eje se trata de un caso ejemplar de cómo el poder político realizó una feroz campaña de persecución y discriminación contra nuestro gremio en aras de mantener las precarias condiciones laborales que sufren los municipales de dicha localidad. Pero, además, expresa la impunidad con que pretende actuar un intendente, como Francisco Esteban, sobre el que pesa actualmente la presión preventiva por delitos contra la administración pública.
Verdadero patrón de estancia, Esteban ya había sido condenado en la década a cuatro años de cárcel durante otro mandato como intendente.







