Es urgente que la Legislatura de Córdoba apruebe con fuerza de ley el proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los y las municipales de la provincia. La regulación en materia laboral específica para el sector brilla por su ausencia en Córdoba a pesar de las obligaciones que tiene el Estado y que fueron insertas en la Constitución Nacional.
La carta magna ordena que la y el trabajador municipal “gozan del derecho a la legislación protectiva que establece un Convenio Colectivo de Trabajo conforme lo establecido por el Convenio 151º de la OIT que cuenta con rango constitucional en la Argentina”.
Así el ordenamiento jurídico está siendo incumplido en las provincia ante la falta de norma que lo cumpla. “Es indispensable que rija a nivel provincial un marco regulatorio o reglamentario de la actividad municipal , ya que no existe algo que unifique y que también garantice un piso de derechos”, fundamenta el proyecto la secretaria de Prensa de ATE Córdoba e integrante de la Coordinación Nacional de Municipales del Consejo Directivo Nacional, Julia Giuliani.
Su aprobación es clave para jerarquizar el rol de los gremios y poder articular con los distintos ejecutivos municipales, evitando así la precarización laboral que prolifera en los municipios del interior, imponiendo salarios y condiciones de trabajo en altos porcentajes propias del siglo XIX.
De esta forma, la implementación de un CCT es la vía institucional para garantizar la carrera administrativa, establecer escalafones justos, regular las condiciones de higiene y seguridad, y terminar con la precarización laboral que hoy afecta a miles de municipales cordobeses.
“Se trata de una propuesta creada de manera colectiva con las distintas seccionales del interior y nuestra conducción provincial, elaborado en base a la experiencia reunida en los distintos municipios y comunas donde ATE tiene presencia, adecuándolo a la realidad e idiosincrasia de cada lugar”, destaca Giuliani.
Desde nuestra organización sindical, entendemos que la realidad que atraviesan los trabajadores y trabajadoras municipales en diversas localidades de nuestra provincia requiere de un marco regulatorio moderno, democrático y equitativo. El objetivo es regularizar el empleo público municipal de Córdoba, donde hay un alto nivel de pobreza, de precarización, de violencia laboral y estimamos que con este convenio se podría empezar a tener algún tipo de control sobre esta situación.
Vale señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica obliga a los estados municipales a cumplir sus disposiciones, de la misma forma que el Estado nacional está obligado a hacerlas cumplir, donde la normativa laboral en materia de derechos protectivos es un punto destacado.
Hoy por hoy, la falta de aplicación de procesos de selección del personal para ingresar a los planteles de personal municipal someten a los trabajadores y trabajadoras a convivir con sujetos promovidos por el poder político de coyuntura que tienen antecedentes reñidos con la ley. Tal es el caso de Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el brutal femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, ocurrido en la ciudad de Córdoba, Argentina a mediados de 2026, que era parte de cuerpo de trabajadores de la Municipalidad de Córdoba.
También se replican en distintos territorios el pago con bonos como si se tratara de La Forestal, en convenio con supermercados o empresas particulares, como fue el caso de la localidad de Los Aromos el personal municipal recibió como parte del sueldo bonos para ir a comprar a Supermercados Becerra, una cadena comercial que tiene posición dominante en el Valle de Paravachasca.
Es importante señalar que nuestro sindicato articuló contactos institucionales con todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura, que a su vez en gran medida ostentan gobiernos municipales en todas la regiones de la provincia. Las y los legisladores recibieron en buenos términos el proyecto de CCT, comprometiéndose a analizarlo e impulsar su tratamiento oportunamente.
Desde ATE consideramos de vital importancia que el Poder Legislativo tome conocimiento de esta propuesta, que fue elaborada con el aporte de las bases y equipos técnicos de nuestra organización sindical, buscando no solo el bienestar del trabajador, sino también la eficiencia y profesionalización de los Estados locales.
