El abogado de nuestro gremio argumentó que el fiscal Caballero se niega a recibir testimonios que avalan la posición de los trabajadores durante el conflicto sindical en los hospitales del 2013.
El miércoles 24 de junio pasado el abogado de ATE, Eugenio Biafore, se presentó ante la Cámara de Acusación Penal de la justicia provincial para reclamar que ordene al fiscal Pedro Caballero a que reciba testimonios presentados por la defensa de los compañeros Santiago Belizán y Virginia Lázaro, delegados de nuestro gremio, y de Estela Giménez, delegada de UTS, imputados con la figura de ‘turbación’ durante la toma del hospital, en el marco del conflicto que envolvió al sector a fines de 2013. Otros dos trabajadores sufren la misma situación.
Se trata de una denuncia presentada por el director del nosocomio.
Caballero negó a los trabajadores la posibilidad de que otros compañeros, así como jefes de sector del hospital, se presenten a declarar a favor de los imputados. Posteriormente, un juez de control se expresó en el mismo sentido, ambos coartando el derecho a defensa.
Vale señalar que Caballero viene con antecedentes de larga data en sus intentos por criminalizar la protesta social, como cuando procesó a cuatro dirigentes del Cispren, durante una protesta de ese gremio frente al diario La Voz del interior, y cuando impuso una restricción para que delegados de la UOM de la empresa Valeo no se acercaran a la planta a menos de 500 metros.
La denuncia afirma que, a causa de la medida de fuerza, se impidió el ingreso de proveedores para proveer medicamentos en el hospital, pero precisamente el conflicto se generó, entre otras cosas, por la falta de stock de medicamentos que mostraban los depósitos del centro de salud y, por lo tanto, la incapacidad para atender a los pacientes.
Los testigos presentados, incluso los jefes de sector que no se sumaron a la toma del hospital, confirman ese faltante y demuestran la falsedad de la denuncia.
Ya hay otros antecedentes donde la misma cámara derogó otras imputaciones de dirigentes gremiales, como el caso de los compañeros de Luz y Fuerza por las protestas en la Plaza San Martín contra la ajuste previsional de Schiaretti en 2009, que fundamentan que el tribunal apoye los argumentos de Biafore, que derivarán en la necesaria en el lógico desprocesamiento de los compañeros.
La denuncia expresa la voluntad política del gobierno provincial por criminalizar la protesta social, en vez de facilitar los canales de diálogo para encontrar vías de solución a los permanentes problemas de funcionamiento que muestran los hospitales públicos provinciales. La negativa de la Dirección del Hospital de Niños a abrir una mesa de relaciones laborales, como sí lo hicieron recientemente las autoridades del Pasteur de Villa María, obstaculiza también que los delegados de ATE puedan expresar las dificultades que generan a los trabajadores las penosas condiciones de trabajo y los malos salarios del sector.
