El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), considerado un modelo a nivel mundial, se encuentra en alerta máxima tras la implementación de un Plan de Retiro Voluntario impulsado por el Gobierno nacional, vigente hasta el 31 de mayo de 2026. La medida apunta a reducir hasta 1.200 puestos de trabajo —casi el 20% de su planta total, que ronda los 5.800 empleados—, lo que ha generado fuertes críticas por parte de los gremios.
La propuesta económica del Gobierno, dirigida al personal de planta permanente, ofrece una gratificación extraordinaria de 1,5 sueldos brutos por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional. Mientras que no hay límites de cobro para menores de 60 años, el tope se reduce progresivamente (24 sueldos para 61-63 años y 12 sueldos para mayores de 64).
En diálogo con Radio Verdad, Julieta Boedo, destacada delegada gremial de ATE y trabajadora del INTA, denunció la medida y el desmantelamiento del organismo.
“Los retiros voluntarios son despidos encubiertos y tiene que ver con el plan de vaciamiento del Estado que tiene este gobierno, el año pasado ya sufrimos algo similar y se fueron 300 compañeros, y en este momento volvieron a la idea del retiro voluntario que se abrió en mayo y ya van casi 500 compañeros de un instituto que es modelo en el mundo.”
