El Bloque Izquierda Socialista y la legisladora Noelia Agüero, junto a la Agrupación A Luchar, presentaron hoy un proyecto de resolución para que la Legislatura repudie la elevación a juicio de la causa contra Federico Giuliani Secretario General de ATE y de la CTA Córdoba, impulsada por el fiscal Ernesto De Aragón, por la protesta del 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba para reclamar la entrega de alimentos para sectores vulnerables de la capital provincial.
Para fundamentar el repudio legislativo, Agüero calificó al expediente judicial como “plagado de contradicciones, testimonios dudosos y graves irregularidades”.
Y aseguró que el juicio “es una muestra más de la complicidad del gobierno de Llaryora y la justicia de Córdoba con la política represiva que lleva adelante el gobierno de ultra derecha de Milei, para imponernos a los trabajadores y los sectores populares su política de ajuste permanente y de saqueo del país”.
Giuliani enfrenta una causa judicial por encabezar una manifestación pacífica ante al dependencia municipal, donde funcionarios del área lo invitaron a ingresar a la dependencia junto a un grupo de compañeras y compañeros para luego ser detenidos por un comando policial que irrumpió sorpresivamente en el lugar.
El saldo fue de 15 personas detenidas, entre ellas nuestro secretario General, que resultó con un brazo quebrado fruto de la brutal represión policial. Luego derivado al penal de Bower, en un procedimiento arbitrario e ilegal que fue monitoreado por De Aragón en todo momento, hasta que pasados cuatro días, y ante el clamor de organizaciones de todo el país, fue liberado.
En ese marco, la Legisladora Agüero remarcó en los fundamentos del proyecto de resolución que “diversas organizaciones sindicales y sociales han denunciado que el proceso presenta graves irregularidades, contradicciones en los testimonios y procedimientos cuestionados, lo que alimenta la preocupación de que se trate de un caso destinado a criminalizar la protesta social”, que constituye “un derecho fundamental protegido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que garantizan la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de petición ante las autoridades”.
“En ese sentido, la utilización del sistema penal para perseguir a dirigentes sindicales, militantes sociales y trabajadores de prensa por participar o cubrir manifestaciones constituye un precedente preocupante para el pleno ejercicio de las libertades democráticas”, afirmó.
“Asimismo, distintas organizaciones sindicales han advertido que este tipo de causas judiciales se inscribe en un contexto más amplio de avance de políticas orientadas a limitar y disciplinar la protesta social”, concluyó Agüero.
De esta manera, distintos compañeros de la vida social, política, gremial y política continúan solidarizándose con Federico Giuliani y denuncian la persecución a un dirigente que ejerció el derecho constitucional a la protesta, garantizado pro la carta magna y los tratados internacionales vigentes en nuestro país.
