Desde ATE Córdoba expresamos nuestra profunda preocupación frente a los datos oficiales que ubican a nuestra provincia como la jurisdicción con mayor tasa de personas privadas de la libertad del país. Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Córdoba registra 377 personas detenidas cada 100 mil habitantes, superando ampliamente el promedio nacional de 258.
El informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024)” revela además que en la última década la población carcelaria cordobesa se duplicó, pasando de 6.802 personas detenidas en 2015 a 14.736 en 2024, lo que representa un crecimiento del 116,6%, uno de los más altos del país.
A esto se suma un escenario crítico de sobrepoblación carcelaria, con unidades penitenciarias que funcionan al 113,8% de su capacidad, y una situación procesal alarmante: cinco de cada diez personas detenidas no tienen condena, permaneciendo privadas de su libertad a la espera de juicio, por encima del promedio nacional.
Frente a este panorama, el secretario general de ATE Córdoba y CTA Autónoma, Federico Giuliani, fue contundente:
“Córdoba vive un verdadero estado de excepción. Te meten preso primero y después ven si sos culpable. Este modelo no gobierna garantizando derechos, gobierna con cárcel, palos y persecución política”.
“Lo que vi adentro del sistema penitenciario cordobés es inhumano. Estuve en un pabellón donde entre ochenta personas compartíamos dos duchas, sin agua potable, con conexiones eléctricas precarias y una alimentación que ni los animales aceptarían. Esa realidad no es casualidad: es la expresión de un modelo que criminaliza la pobreza y viola los derechos humanos básicos.
Y lo más grave es que el 60% de las personas allí detenidas no tienen condena, están esperando juicio, muchos de ellos jóvenes y pobres, porque ser pobre en Córdoba ahora se castiga con cárcel preventiva. Eso no es justicia, es castigo social.”
Giuliani remarcó que el crecimiento del encarcelamiento no está vinculado a una mejora en la seguridad, sino a una decisión política de criminalizar la pobreza y la protesta social, señalando que la mayoría de las personas privadas de la libertad están acusadas por delitos contra la propiedad, mientras se profundiza el ajuste y se deterioran las condiciones de vida de las y los trabajadores.
“El gobierno provincial, con Martín Llaryora a la cabeza, responde con represión a los conflictos sociales que genera su propio modelo económico. En una provincia cada vez más desigual, en lugar de garantizar trabajo, salud, educación y salarios dignos, eligen ampliar el sistema penitenciario”, afirmó.
El dirigente sindical también vinculó estos datos con su propia experiencia reciente de detención tras una protesta social:
“Yo mismo fui privado de la libertad por reclamar alimentos para los sectores más postergados. Pasé por una cárcel común, vi el hacinamiento, el abandono sanitario y la deshumanización cotidiana. Ahí adentro hay trabajadores y trabajadoras pobres, no delincuentes peligrosos. Hay un sistema que castiga a quienes sobran para este modelo”.
Desde ATE Córdoba denunciamos que esta política de encarcelamiento masivo va de la mano del abuso de la prisión preventiva, el deterioro de las condiciones edilicias y la violación sistemática de los derechos humanos, situación que incluso motivó una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las cárceles cordobesas.
Finalmente, Giuliani sostuvo:
“Mientras se ajusta a las y los trabajadores, se vacían las políticas sociales y se persigue a quienes luchan, se llenan las cárceles. Nosotros creemos en otra Córdoba: con justicia social, con empleo digno y con un Estado que cuide a su pueblo, no que lo encierre”.
Desde ATE reafirmamos que la salida no es más cárcel, sino más derechos, y llamamos a fortalecer la organización colectiva para enfrentar un modelo que pretende disciplinar al pueblo mediante el miedo.
