El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, sostuvo en una entrevista con Radio La Ranchada que la reforma laboral del gobierno de Javier Milei busca liquidar derechos históricos conquistados y replicar un modelo regresivo de ajuste salarial que beneficia a corporaciones internacionales.
“El panorama laboral argentino se enfrenta a una Reforma Laboral de hecho que ya opera a través del ajuste salarial, la precarización y las condiciones indignas de trabajo, sumado al pluriempleo. No obstante, el Gobierno de Javier Milei, avanza hacia un marco normativo cuyo objetivo es terminar con los derechos laborales que hoy garantizan un piso de dignidad al 40% de la fuerza laboral del país”, afirma Federico Giuliani desde el País Vasco -donde se encuentra realizando una incidencia internacional en la organización Martin Etxea- en “La Hora de las Villas y los Barrios” que transmite la radio del sur de la capital provincial.
Según el análisis, la propuesta implica un retroceso de más de 100 años, buscando volver al régimen laboral de principios del Siglo XX. Esto se evidencia en la intención de eliminar los convenios colectivos de trabajo y las instancias paritarias. La reforma plantearía jornadas de 12 horas, en contramano de la tendencia global (como la de España, que busca reducir la jornada laboral).
Giuliani afirmó que la legislación es una copia casi auténtica de la reforma laboral aplicada en Brasil en 2017 por Bolsonaro. Esta reforma, “escrita en los escritorios de grandes estudios de abogados de corporaciones económicas yankis y sionistas, tiene como fin principal generar mayor rentabilidad y ganancias para las patronales, resultando en peores condiciones de trabajo y salarios más bajos para los trabajadores. El plan es generar una mano de obra cuasi esclava y barata para que los capitalistas sigan acumulando riqueza”, asegura. Además de la precarización, se busca cercenar los derechos a huelga y a asamblea, con la intención de que estas últimas sean reguladas o autorizadas por el patrón.
El desafío es doble, ya que el 60% de la fuerza laboral ya se encuentra en la informalidad y no goza de derechos como vacaciones pagas o límites horarios. Ante la inminencia de que la ley sea tratada en el Parlamento -calculada para febrero de 2026 debido al receso de verano-, el Secretario General de ATE y la CTA-A Córdoba hace un llamado a la acción: “Lo que no se logró electoralmente debe hacerse en la calle. Es necesario que los dirigentes dejen los escritorios, salgan al territorio a concientizar a los trabajadores, y construyan una resistencia que debe derivar en condiciones de insurrección popular. La consigna es que la única lucha que se pierde es la que se abandona”.
