A las 8.55 del 3 de noviembre de 1995, la ciudad de Río Tercero se convirtió en un escenario bélico. En ese momento, en la Fábrica Militar Río Tercero se iniciaron una serie de explosiones que se prolongaron a lo largo de todo el día. A raíz de estos hechos se produjeron siete muertes y más de trescientas personas resultaron heridas. Algo curioso: todos los damnificados eran ajenos a la planta industrial, en la que hubo sólo un herido de consideración entre las 400 personas que se encontraban en ella.
“Volaron cosas, bajamos escaleras. Seguimos a la multitud. Lloramos, vimos llorar. Vimos el hongo en el cielo. Vimos el cielo amarillo marrón. Vimos las calles llenas de cosas y las casas abiertas como domingo de sol. Pero no era domingo. Era viernes. Recordamos todos los detalles. Nuestra generación recuerda todos los detalles”, escriben Katrina Salguero Myers, Débora Cerutti y Martín Villarroel Bogna, en ese momento niñas y vecinas de la ciudad, autoras del proyecto multimedia “Onda expansiva”.
Las explosiones de, al menos, 25 mil proyectiles causaron una incontable cantidad de daños, centenares de casas fueron derrumbadas, esquirlas y bombas quedaron desparramadas por toda la ciudad. La onda expansiva, que alcanzó una distancia de 50 kilómetros a la redonda, arrasó con las 30 manzanas circundantes a los polvorines. En esas horas, 15 mil personas se autoevacuaron de la ciudad.
El 24 de noviembre, apenas 21 días después, volvieron a explotar bombas en Río Tercero. Las explicaciones oficiales atribuyeron el hecho a la negligencia de Gendarmería Nacional, encargada de detonar los proyectiles todavía existentes. El pánico duplicado, se multiplicó exponencialmente.
“De la segunda explosión nadie habla. Fue la más grave para los pobladores porque se les había dicho que no iba a pasar nunca más, que estaba todo bajo control, todo tranquilo. Es la que motivó esta acción judicial por daños morales y psíquicos que nunca fueron tenidos en cuenta”, cuenta en diálogo con Canal Abierto Mario Ponce, abogado patrocinante de una causa colectiva de cerca de 10 mil damnificados que reclaman ser indemnizados por los daños referidos.
Del “accidente” al atentado
Lo que primero se supuso accidente, no tardó mucho en saberse que fue un atentado provocado por la cúpula del organismo militar que decidió hacer estallar las bombas que se encontraban en la fábrica para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995, cuando la Justicia se aprestaba a realizar inspecciones en la fábrica.
En 2014, 19 años más tarde, el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 dictó sentencia sobre el caso condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares a penas de trece y diez años de prisión, por el delito de estrago doloso (intencional) agravado por la muerte de personas. Los jueces concluyeron por unanimidad que el móvil de la explosión fue ocultar el faltante de armas vendidas ilegalmente a dos países en conflicto bélico, con el agravante de que en el sostenido entre Perú y Ecuador, Argentina era garante de la paz. El entonces Presidente Carlos Saúl Menem y el Jefe del Ejército Martín Balza fueron desvinculados por falta de mérito.
La operación criminal implicó que el Ejército vaciara los arsenales de sus cuarteles, trasladara las armas a la fábrica de Río Tercero para acondicionarlas borrándoles los números de serie y las identificaciones nacionales; y por último embarcarse a sus respectivos destinos. Para borrar las pruebas, la inteligencia militar decidió hacer volar una ciudad, la quinta en cantidad de habitantes de la provincia.
Tras muchos vericuetos judiciales e intentos de cerrar la causa, en octubre de 2020 se confirmó que Menem iría a juicio en Córdoba, en febrero de 2021, acusado de estrago doloso agravado. El 14 de enero de ese año, el riojano burló a la justicia y se murió a los 90 años.
Reparación
El sentimiento de impunidad que reinó en estos años, tuvo un indicio de reparación en lo sucedido en la noche del 19 de septiembre de 2023 en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, por amplia mayoría se dio media sanción a la ley que la crea la Universidad Nacional de Río Tercero.
En 2020, al cumplirse 25 años de las explosiones, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, oriunda de la ciudad, ingresó en la Cámara de Diputados el primer proyecto de ley para la creación de la universidad, al que se sumó una iniciativa similar de la diputada del Frente de Todos, Gabriela Estévez, con el acompañamiento de sus pares Pablo Carro y Eduardo Fernández. En ambos casos se hizo eje en la “reparación histórica” a los daños sufridos por la ciudad a manos de funcionarios del estado nacional.
Las indemnizaciones por las explosiones de Río Tercero se están pagando mediante bonos del Estado, siguiendo la Ley 27.179 sancionada en 2015, según se confirma en publicaciones de abril de 2025. El pago, que comenzó a concretarse en los primeros meses de 2025, está dirigido a beneficiarios de demandas pendientes, con un monto aproximado de $8 millones de pesos por daños morales. El pago incluye a herederos de los damnificados fallecidos y el monto final está sujeto a la cotización del bono.
