En el marco de la disertación “Sociedad, Sindicalismo y Democracia. La represión estatal y criminalización de la protesta en Argentina” convocada por las dos CTA junto a diputados y diputadas de diferentes bloques, el secretario General de ATE Córdoba y la CTA Autónoma Provincia de Córdoba, Federico Giuliani, se refirió ayer 30 de septiembre al avance de la represión a la protesta social en la provincia.
El dirigente detalló los aspectos principales de la política que en Córdoba impone el gobierno de Martín Llaryora y su ministro de Seguridad Juan pablo Quinteros, de la que fue víctima junto a otros 14 referentes durante la represión a una movilización frente al área social de la Municipalidad de la Capital provincial, donde fue detenido, golpeado y lesionado gravemente en un codo y hoy enfrenta una causa penal. 
“Quiero agradecer por la invitación y la posibilidad de traer nuestra voz al Congreso de la Nación, la máxima instancia deliberativa y legislativa que tiene nuestra Nación y que debería ser la caja de resonancia de lo que pasa en la calle, sobre todo en los momentos de avance del fascismo como lo tenemos en la Argentina”, comenzó Giuliani, acompañado en el panel por el secretario General de la CTAA, Hugo Godoy y su par de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yaski.
“Cuando viajábamos para acá pensábamos por dónde encarar nuestra nuestro aporte, nuestra valoración en un debate que es muy necesario y que tiene que ver con la criminalización de la protesta, pero también la judicialización de los luchadores que debilitan aún más esta raquítica democracia que tenemos, que ya es de baja intensidad, que es neocolonial, que restringe la participación popular y que claramente estos mecanismos de que cuando avanza el ajuste crece el palo, la represión y la cárcel, ¿Qué vamos a hacer nosotros?”, se preguntó Giuliani.
Y convocó a la unidad de las organizaciones al señalar que “si resistimos de manera aislada y heroica o si construimos desde el debate las estrategias y los positivo que nos permitan abordar esta situación en los distintos territorios”.
Posteriormente, el secretario General de ATE Córdoba, junto a la secretaria de Prensa, Julia Giuliani, mantuvieron unas reunión con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para seguir profundizando la estrategia en defensa del derecho a la protesta social y el desarrollo del mapa político-policial que desarrolla la entidad. En la oportunidad, las y los dirigentes de nuestra organización estuvieron con referente del CELS como Mario Santucho, Diego Morales y las/os compañeros Bárbara, Julia y Lucas.
Dirigentes nacionales
Durante la apertura del encuentro en el Congreso Nacional, Godoy remarcó: “A medida que se profundiza el carácter brutal y autoritario de este gobierno, se evidencian dos aspectos alarmantes: por un lado, una creciente subordinación a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la instalación de una base militar en nuestro territorio, y por otro, una estrategia represiva cada vez más violenta, dirigida a sembrar el miedo y desmovilizar a quienes luchan por sus derechos”.
“Esta política represiva no se limita al ámbito nacional. Se replica en distintas provincias a través de la llamada “ley anti mafias”, que, lejos de combatir el crimen organizado, busca criminalizar a las organizaciones populares”, dijo Godoy y afirmó: “A esto se suma la creación de nuevas estructuras represivas destinadas a proteger los intereses del modelo extractivista, facilitando el saqueo de nuestros bienes comunes y reprimiendo a las comunidades que resisten su avance”.
Por su parte, Yasky, quien también es Diputado Nacional, explicó que esta reunión debía ser convocada por la Comisión de DDHH: “pero, pese a los pedidos de diputados, no se ha podido lograr que se discuta la denuncia de la represión en esta etapa”.
En este sentido, afirmó: “Esta actividad tiene como objetivo construir conciencia en la sociedad en torno a un debate que se quiso naturalizar, que parecía que tenía algún apoyo de la gente, pero hoy es ampliamente repudiada la política represiva de Milei”.
Jimena Frankel, Coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, presentó un informe sobre las represiones durante el gobierno de Javier Milei. “En 20 meses de gobierno de Milei, se dan cuenta de al menos 88 represiones con 2534 personas heridas”.
Entre las víctimas, se destaca el asesinato de Fernando Gómez en la provincia de Salta, la gravedad de las heridas sufridas por Pablo Grillo, y cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos. También se contabilizan 96 allanamientos y desalojos en comunidades de pueblos originarios y movimientos sociales. Otro dato relevante es la detención de 461 personas por participar en manifestaciones o por formar parte de organizaciones populares, así como la apertura de 236 causas penales bajo la misma lógica represiva. “Las fuerzas de seguridad incumplen normativas internacionales de manejo de los instrumentos de represión que terminan en situaciones de gravedad”, explicó Frankel.
