La legisladora Luciana Echevarria, del bloque MST en el FITU, presentó ayer un pedido de informes al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros para que explique en la Unicameral respecto al operativo desarrollado por la Policía de la Provincia de Córdoba, el jueves de 28 agosto, frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, que terminó en represión por la cual resultaron heridos y detenidos varios manifestantes, entre ellos el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
Echevarría recibió a una delegación de AE en su despacho donde explicó los alcances del pedido de informes que debe aprobar la Legislatura. En la oportunidad, estuvieron con la legisladora el secretario de DDHH del Consejo Directivo Provincial, César Theaux, junto a sus pares de Organización y Acción Social, Javier Bracamonte y Agustín Bertone.
ATE solicitó también que el pedido de informes incluya el trato a los abogados populares, por las detenciones en ejercicio de la defensa.
La presentación incluye conocer:
- Cantidad de efectivos policiales que participaron del mismo, rangos, formación y detalle del armamento utilizado en la ocasión.
- Si el operativo tuvo origen en la denuncia de algún vecino, funcionario de la institución o por orden judicial. En tal caso, detalle el funcionario actuante.
- Indique cuáles son los procedimientos y protocolos que lleva a cabo la Policía de la Provincia en este tipo de manifestaciones y el monitoreo que realiza la cartera a su cargo sobre los operativos efectuados.
- Detalle de las personas que resultaron heridas en la oportunidad.
- Detalle de los civiles que fueron detenidos y las causas de la detención.
- Explique los procedimientos internos, las acciones sumariales y las medidas disciplinarias previstas en caso de irregularidades en los operativos.
- Si se está realizando alguna investigación o auditoría sobre la actuación policial en el operativo mencionado, ante las denuncias públicas de abuso policial.
Fundamentos
En su consideraciones, el pedido de informes justifica el planteo en que “el derecho de protesta social constituye uno de los pilares sobre los que se asientan las sociedades democráticas y se encuentra reconocido no sólo por la Constitución Nacional (art. 14 bis) y Provincial (art. 51), sino también por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al bloque constitucional por el art. 75, inc. 22 (art. 20, Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 21, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 15, Convención Americana de Derechos Humanos)”.
“En este sentido, la protesta social se encuentra en la base del ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho de participación en los asuntos públicos”.
“Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la considera una actividad que reviste un “interés social imperativo”, lo que conlleva que exista una presunción general en favor de su ejercicio”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo recientemente que las libertades de reunión, de expresión y de asociación, constitutivas del derecho a la protesta, son “esenciales del estado constitucional vigente en la República”. En este sentido, estableció que si bien el Estado tiene la facultad de reglamentar el uso de las calles, parques y otros espacios públicos en pos de su disfrute como bien público, así como de determinar los mecanismos a través de los cuales se supervisará que dichas normas sean cumplidas en la práctica, también tiene el deber de respetar los derechos fundamentales de las personas, entre los que se encuentra la libertad de asociación y de expresión. Por ello el Estado debe evitar utilizar la persecución penal como método de criminalización, y fomentar el efectivo y pleno ejercicio de los derechos que mencionamos más arriba. En la causa contra Giuliani y los otros 14 detenidos se ven claras las características propias de los procesos de criminalización de la protesta que niegan su libre ejercicio”.
“Además de la dimensión individual e institucional, la criminalización tiene un efecto intimidatorio sobre toda la sociedad, y conduce a impedir la protesta social. Junto con el procesamiento anterior de otros militantes sociales y los proyectos que recientemente se han debatido de manera pública con la intención de limitar el derecho a la protesta, creemos que estamos ante una clara avanzada autoritaria en la misma línea de la impulsada por la Ministra de Seguridad Bullrich a nivel del gobierno nacional”.
“Por esta razón y en virtud de la gravedad de los hechos ocurridos, solicitamos con urgencia esta información y exigimos explicaciones sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad a cargo de su ministerio”, concluye el pedido de informes.
