El 27 de junio se conmemora el Día de la y el trabajador del Estado en Argentina desde 1978, celebración que incluye asueto administrativo en el Estado nacional que fue reafirmada por la Justicia frente al inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había firmado Milei en un ataque más contra las y los estatales.
Es importante recordar que la fecha fue declarada como jornada no laborable a través de la Ley 26.876 (2013) que fue promovida por el entonces diputado nacional Víctor De Gennaro, a iniciativa de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE). La misma conmemora el momento en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.
En Argentina, el antecedente clave para este reconocimiento lo daría la promulgación de la Ley de Negociación Colectiva 24.185, más conocida como la Ley Abdala, promulgada en 1992 que habilitó la negociación colectiva en paritarias como mecanismo para la discusión salarial y la ampliación de derechos de los trabajadores estatales. Con ella se establecieron las bases para que los sindicatos puedan discutir las condiciones laborales y salariales con el Gobierno, buscando un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las necesidades del Estado.
¿Qué simboliza la identidad de la trabajadora y trabajador estatal en Argentina hoy? ¿Por qué el Gobierno nacional de Javier Milei pretende eliminar su figura?
La construcción del colectivo estatal fue y es un acto político, simbólico y cultural que cobra especial significado en el contexto actual, donde el Gobierno nacional pone en tensión su sentido más fundacional. Ejemplo de esto es la reciente disposición anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni de eliminar la fecha conmemorativa del Día del Trabajador del Estado por decreto. Esto representa un acto despótico propio de un régimen autoritario dado que sólo el Congreso de la Nación puede derogar una ley que él mismo sancionó.
Por eso hoy es imperativo que las y los trabajadores organizados salgan a la calle y se levanten contra la opresión, embanderados en la lucha por la Justicia Social. “La identidad no es una esencia, es una producción constante. No está en el espejo, sino en la calle, en la palabra compartida, en el conflicto”, como observó la antropóloga y activista feminista Rita Segato.
Pocas veces a lo largo de la historia argentina ha sido tan desvalorizada la misión del Estado, como en este tiempo. Los 47.000 estatales despedidos desde diciembre del 2023 a la fecha no solo significan miles de familias sin sustento material sino también un grave deterioro de la calidad de los servicios y prestaciones que reciben millones de ciudadanos. Son las y los estatales quienes permiten garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la administración y gestión pública, al mantenimiento, limpieza y vigilancia, entre otras tareas imprescindibles.
Para lograr este desmembramiento del Estado, el Gobierno contó con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación masiva. A través de ellos logró robustecer los estereotipos desvalorizadores de la identidad del trabajador y trabajadora del Estado. Sin embargo es central preguntarse: ¿A quién o quiénes beneficia una comunidad sin memoria, sin identidad y sin organización colectiva? ¿A qué estructuras de poder favorece el rol pasivo de una sociedad?
Por eso, erigida en defensa de un mundo más justo y democrático, la Asociación Trabajadores del Estado seguirá impulsada en su trayectoria centenaria y frenará el ataque al rol del Estado y preservará la función clave que cumple en la vida de la sociedad.
