En una carta dirigida a todas y todos los miembros de la Legislatura de Córdoba, ATE rechazó los proyectos presentados en la cámara que apuntan a limitar y castigar el derecho a la protesta en la provincia.
La misiva denuncia que la norma atenta contra derechos constitucionales como el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión y la acción colectiva de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos.
La carta:
“Señoras y señores legisladores de Córdoba
El Consejo Directivo Provincial de ATE expresa por la presente su total rechazo a la iniciativa legislativa denominada “ley antipiquetes”, que pretende obstaculizar el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades, así como el derecho a la libre expresión de ideas y posturas, sean de carácter político, social, laboral, gremial, etc., que puedan llevar adelante sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y organizaciones libres del pueblo de todo orden, conforme la normativa vigente, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Vale aclarar, por si fuera necesario, que la Legislatura no tiene potestad de legislar en materia penal, que utilizar la figura del ‘Código de Convivencia’ para aplicar castigos penales extrema la interpretación constitucional sobre la utilidad de un código de faltas para los casos de interrupción del tránsito, la libertad de comercio y demás figuras establecidas en el Código Penal.
De manera que cualquier legislación provincial en la materia deberá ser inmediatamente sometida a control constitucional por su incompatibilidad de origen con el espíritu y el propio articulado de la CN.
Pero, además, frente a un escenario de hambre y violencia social generalizada que emana desde el Poder Ejecutivo Nacional, por medio de políticas que repudiamos miles de organizaciones populares a lo largo y ancho de la provincia, pretender anular la protesta con la utilización del monopolio de fuerza del Estado solo deslegitima a los gobiernos que así la apliquen, en vez de retomar la convivencia social que esas políticas se encargan de destruir.
Sabemos que estos proyectos a punto de tratarse en la Legislatura responden a la urgencia en el marco de la campaña electoral y a las presiones hechas públicas por grupos de corporaciones como el G6, tras conocerse el fallo de las Cámara de Acusación de Córdoba que sobreseyó a seis dirigentes sociales, entre ellos el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, por cortar una calle durante una protesta en 2023.
Flaco favor le haría la Legislatura a la vida democrática en la provincia de hacerse eco de esas presiones y actuar como arietes de los intereses corporativos que promueven, precisamente, el ajuste y el hambre del pueblo.
En consecuencia, ATE insta al cuerpo de representantes del pueblo de Córdoba a rechazar las iniciativas y focalizar sus esfuerzos en resolver los problemas que originan las protestas, en vez de pretender acallarlas con la policía”.
