Al cumplirse un año del brutal allanamiento al domicilio particular en Río Cuarto del secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, ordenado por el fiscal provincial Ernesto de Aragón, y después de mantener inactiva la causa que lo motivó, hoy la fiscalía le comunicó a Giuliani que se presente a declarar como imputado, en una muestra más de que el Ministerio Público Fiscal en Córdoba es un ariete del poder político que busca amedrentar la lucha popular.
No es casual que la medida se tome el mismo día que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, saliera a reclamar por los medios de comunicación “una ley antipiquetes” a la Legislatura que “dé seguridad jurídica a la policía” para reprimir la protesta.
La causa en cuestión fue armada a partir de las protestas callejeras que protagonizó ATE, cuando el 25 de mayo de 2024 las y los estatales nos manifestamos en repudio de la presencia del Presidente Javier Milei en Córdoba, donde pretendía hacer firmar a los gobernadores en llamado ‘Pacto de Mayo’, iniciativa frustrada por la movilización popular.
Ahora, De Aragón profundiza la persecución judicial y ordena que Giuliani se presente en Tribunales. Durante el allanamiento en cuestión la policía retuvo por orden del fiscal los teléfonos celulares de la familia Giuliani, incluso el perteneciente a su hijo de 9 años que nunca fue devuelto. También le impuso una fianza de 10 millones de pesos, cifra por encima de los recursos de un dirigente que vive de su salario como trabajador de SENASA.
Se trata de una muestra clara del intento de amedrentamiento a los dirigentes sociales en la provincia, que no tendrían ningún problema judicial si se quedan en sus casas y evitan encabezar las protestas, frente a un gobierno que se dedica un día si y otro también a destruir el conjunto de derechos del pueblo argentino garantizados por la Constitución Nacional.
En tanto, Milei aplica con la crueldad que lo caracteriza un plan económico a gusto de las corporaciones concentradas y los intereses coloniales del imperio norteamericano, mientras ataca a través de decretos ilegales el derecho a huelga, entre otras medidas, en un intento por limitar infructuosamente la protesta social.
A través de la aplicación práctica de la alianza política que desarrollan el cordobesismo y el gobierno nacional, el Ministerio Público Fiscal actúa en sintonía con los deseos del ministro Quinteros que ignora principios básico de la legalidad vigente, como el hecho que la Legislatura no puede legislar en materia penal.
En esa línea es que el fiscal de la Cámara de Acusación apeló a través de un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia el sobreseimiento de Giuliani y otros cinco dirigentes sociales que sufrieron durante dos años la persecución del fiscal De Aragón.
Así, el ministro pretende vía judicial limitar una protesta social que solo se detendrá cuando desaparezcan las causas que la ocasionan: los bajos salarios, los miles de despidos que realiza Milei y la pobreza planificada para el conjunto de la mayoría población, al tiempo que realiza la entrega de nuestros recursos naturales, destruye el entramando industrial y productivo y pone en riesgo la soberanía nacional.
En ese marco, por más que continúe la persecución judicial, ningún fiscal podrá detener el legítimo y legal derecho a la protesta que ya han ratificado los tribunales provinciales.
