Una vez más el poder de las corporaciones económicas logra que los dirigentes populares se vean rehenes de causas judiciales por ejercer el legítimo y legal derecho a la protesta.
Tras el sobreseimiento del secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, en la causa armada por el fiscal Ernesto de Aragón a raíz del corte de calle por una protesta realizada en 2023, el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, apeló a través de un recurso de casación la sentencia del máximo tribunal penal de la provincia y pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que revise el fallo.
Esta medida se produjo inmediatamente después que el G6 cuestionara la decisión de la Cámara. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a la declaración emitida por el G6 que se opone a la protesta social, a la que considera un ‘privilegio’. Además, la entidad patronal afirmó que la sentencia fue ‘una decisión equivocada’, por lo que insiste en reclamar que se aplique la mano dura, a la manera que pregona Patricia Bullrich desde el Gobierno Nacional. ‘No se pueden tolerar’ estas medidas, afirma el bloque económico dominante metiendo presión al poder político y judicial para que se profundice la criminalización de los que reclaman respuestas a las demandas populares”, denunció Federico Giuliani.
Ahora, el papel que toma el fiscal Leiva da cuenta que el Poder Judicial es permeable a los aprietes del G6, más allá de la fundamentación contundente que el fallo que obtuvo Giuliani junto a otros cinco dirigentes sociales.
“El G6 está integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba; la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba y, junto a la Fundación Mediterránea, imponen la línea de pensamiento y acción que la clase política gobernante -desde que retornó la democracia en 1983- sigue al pie de la letra para garantizar el modelo de desarrollo extractivista al servicio del agronegocio en la provincia”, dijo Giuliani.
“El poder económico habla de defender la libertad, pero sólo se refiere a la libertad de comercio y de las patronales para acumular riqueza a costa de la explotación de los trabajadores, sembrando pobreza y miseria a su paso. ¿Qué pasa con la libertad de los trabajadores para hacer valer su fuerza de trabajo en condiciones justas y dignas?”, se preguntó.
“Es hora de dejar en claro que la libertad no es solo para unos pocos, sino para todos. Nosotros defendemos la libertad de nuestro pueblo para vivir con dignidad y justicia. Y denunciamos las decisiones que toman los verdaderos dueños de la provincia y que afectan directamente la vida y el bienestar de los trabajadores y de los más humildes. Es nuestro deber defender derechos como el de la protesta que está amparado en la Constitución Nacional. Nos vemos en las calles”, remató el secretario General de ATE Córdoba.
En ese marco, el equipo jurídico de ATE adelantó que cuestionará el procedimiento de casación del fallo, por no cumplirse los pasos procesales establecidos en el Código de Procedimiento de la Provincia.
