La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza a cargo del Dr. Pablo Oscar Quirós el pasado viernes, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en diciembre pasado por diversos organismos integrados en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Según informó el organismo de DDHH, que promovió la acción de amparo, contó con el patrocinio de los abogados cordobeses Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente. En este caso con la firma y acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Civil de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba; la Asociación civil Foro Solidario Córdoba y la Unión Obrera Gráfica Cordobesa.
Además, sumaron su presentación los afiliados al PAMI Gustavo Ignacio Tissera, Néstor Edgardo Anglada, Roberto Ernesto Chiavassa, Alcira Steinmetz y Alicia Beatriz Acin. Además también copresidentes de la APDH Regional Córdoba, y el aporte científico del Prof. Dr. Oscar Atienza.
Este pedido surgió a partir de la medida tomada por el Gobierno Nacional de recortar el acceso a la medicación gratuita para los afiliados al PAMI, que representa una grave vulneración de un derecho básico fundamental como es el acceso a la salud para una gran parte de la población.
Fue ante este escenario que la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba solicitó que se garantizara la continuidad de las prestaciones y coberturas de medicamentos a los afiliados y afiliadas al PAMI, y se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa que la recorta (Resolución 2024-2431 INSSJP-DE#INSSJP de fecha 22/08/2024 emitida por PAMI).
Por qué Mendoza
“Luego de una gran cantidad de demoras en la Justicia Federal de Córdoba, en marzo, nuestra solicitud de amparo fue remitida, incorporada y vinculada al expediente FMZ 27196/202, (JUBYPEN MENDOZA (ASOCIACIÓN DE JUBILADOS y PENSIONADOS DE MENDOZA) y otros c/ INSSJP – PAMI s/ Amparo Colectivo) que además vinculó amparos colectivos idénticos, integrando la causa amparos de Mendoza, Tucumán, Salta y Córdoba, entre otros”, explicó el comunicado respecto a por qué la medida cautelar tomada por el juez federal a pesar de ser presentada originalmente en nuestra provincia.
Finalmente, la Justicia Federal decidió hacer extensiva la medida cautelar y ordenó al PAMI que se anule la decisión de no cubrir el acceso a medicamentos y de todas las resoluciones, disposiciones complementarias, modificatorias y reglamentarias de la misma o las que en el futuro pongan en riesgo la cobertura médica de los jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas afiliados a dicha entidad.
Además, exige que el PAMI haga pública esta decisión en los medios de comunicación provinciales digitales de circulación masiva de Córdoba para que sus afiliados tomen efectivo conocimiento. Asimismo, ordena que la cautelar comience a regir las 48 horas siguientes.
Garantizar derechos
“Desde la Mesa de Trabajo por los DDHH Córdoba, que integran organizaciones con amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos, celebramos la decisión judicial como un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos, que implican las políticas desaprensivas y de ajuste del gobierno nacional, que afectan los derechos más elementales como es la salud y la vida”, señala el organismo de DDHH.
La gente mayor, por su condición de tal, merece una protección especial, la que a su vez debe ser inmediata y actual (urgente); el acceso a la salud integral es un derecho humano consagrado en nuestra constitución, leyes especiales y en los tratados internacionales. Este fallo es una respuesta contundente en protección de esos derechos.
“Por otra parte, este precedente judicial refuerza la esperanza de que los derechos adquiridos por el pueblo argentino a través de tantas luchas y sacrificios sigan siendo protegidos ante embestidas estatales regresivas. La lucha continúa en cada espacio donde se defienda la vida, la salud y la dignidad de las personas, en especial de nuestros adultos mayores”, concluye el comunicado.
