El Consejo Directivo Provincial y la CTA Autónoma Córdoba rechazaron las críticas del Grupo de Entidades Empresarias (G6) al fallo de la Cámara de Acusación, que resolvió la semana pasada el sobreseimiento de dirigentes sociales y sindicales imputados por cortes de calles y obstrucción del tránsito en el centro de la capital en el año 2023,, entre ellos nuestro secretario General, Federico Giuliani.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio a la declaración emitida por el G6 que se opone a la protesta social, a la que considera un ‘privilegio’. Además, la entidad patronal cuestiona que la Cámara haya tomado ‘una decisión equivocada’, por lo que insiste en reclamar que se aplique la mano dura que pregona Patricia Bullrich desde el Gobierno Nacional: ‘No se pueden tolerar’ estas medidas, afirma el bloque económico dominante metiendo presión al poder político y judicial para que se profundice la criminalización de los que reclaman respuestas a las demandas populares”, sostuvo Giuliani, titular a su vez de la CTAA Córdoba.
Y agregó: “El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba está integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba; la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba y, junto a la Fundación Mediterránea, imponen la línea de pensamiento y acción que la clase política gobernante -desde que retornó la democracia en 1983- sigue al pie de la letra para garantizar el modelo de desarrollo extractivista al servicio del agronegocio en la provincia”.
El dirigente sostuvo que “vale la pena recordar que en la causa a la que el lobby empresario hace mención, los dirigentes sociales y sindicales habíamos sido imputados por el corte total de calles tras una protesta nacional piquetera realizada en abril de 2023. El Fiscal Ernesto de Aragón nos acusó en el marco del llamado Protocolo de Protesta generado por el Juez de Control Juan Manuel Fernández, formulado a pedido de los vecinos del centro de la ciudad. Sin embargo, la acusación del Fiscal chocó contra la opinión de los jueces en dos instancias”.
“El G6 habla de defender la libertad, pero sólo se refiere a la libertad de comercio y de las patronales para acumular riqueza a costa de la explotación de los trabajadores, sembrando pobreza y miseria a su paso. ¿Qué pasa con la libertad de los trabajadores para hacer valer su fuerza de trabajo en condiciones justas y dignas?”, se preguntó.
“Es hora de dejar en claro que la libertad no es solo para unos pocos, sino para todos. Nosotros defendemos la libertad de nuestro pueblo para vivir con dignidad y justicia. Y denunciamos las decisiones que toman los verdaderos dueños de la provincia y que afectan directamente la vida y el bienestar de los trabajadores y de los más humildes. Es nuestro deber defender derechos como el de la protesta que está amparado en la Constitución Nacional. Nos vemos en las calles”, remató Federico Giuliani.
Vale mencionar que el fallo del tribunal de alzada en lo penal de Córdoba remarcó que no tiene validez el conocido como ‘Protocolo Antipiquete’ de Patricia Bullrich y deja herido de muerte el llamado protocolo de protesta generado por el juez de Control Juan Manuel Fernández, una versión local que el fiscal De Aragón utilizó como base para su acusación, y que recibió el fuerte rechazo de juristas por considerarlo inconstitucional.
