El Departamento de Discapacidad del CDP de ATE Córdoba realizó a fines del año próximo pasado un relevamiento en los Organismos Públicos, en los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal.
El informe se produjo en el contexto de un marcado retroceso en la capacidad que tienen las personas con discapacidad para acceder a los derechos y beneficios para mejorar su calidad de vida.
Vanesa Hernández, Vocal del CDP, delegada de ATE en la SRT y responsable del Departamento de Discapacidad dio cuenta de esta situación, con una enumeración pormenorizada de los conflictos que la gestión de Milei ha generado en el sector.
Así, se pudo corroborar si se cumple el cupo laboral de discapacidad que prescribe la Ley 22431, que no es otra cosa que la obligación del Estado de garantizar que al menos el 4 % de sus empleados sean personas con discapacidad, asegurando así su inclusión y la igualdad de oportunidades.
En ese marco, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó en octubre del 2023 que los organismos nacionales estatales cumplían la manda; ANDIS a su vez señaló que los gobiernos provinciales no lo hacen y menos aún, o casi nulo es el caso de los Municipios, como lo confirmara la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, (AGCBA) para el caso de dicha ciudad.
Milei
En la nueva administración del gobierno libertario, durante todo el año 2024 no se realizó el deber de fiscalización de la manda por parte de la SIGEN.
A su vez también, el Departamento de Discapacidad constató la falta de interés y/o preocupación y por ende ocupación por parte de los Funcionarios Públicos en esta temática. Ejemplo de ello es la ausencia o carencia de políticas públicas de inclusión, como la falta de control de calidad de vida de las personas con discapacidad, la desidia de los legisladores en la promulgación de leyes de fondo y/o reglamentarias específicas, del Poder Ejecutivo en instrumentar la capacitación de docentes en inclusión, adecuaciones edilicias, control de prestaciones por las obras sociales o prepagas, etc.
Así las Personas con Discapacidad, siempre olvidadas, por estos días, suman carencias, restan conquistas y pierden beneficios.
Con el vaciamiento de ANDIS y de organismos de control como la Secretaría de Derechos Humanos, el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS), la ADAJUS (Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia), la iniciativa Igual por Mas, o las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social con despidos irresponsables e injustificables de los trabajadores necesarios para el efectivo funcionamiento de estos entes y quienes hacen posible el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. De la misma forma se entiende el cierre de oficinas en el interior del país o la eliminación llanamente de entes necesarios para la población más vapuleada como el INADI. Los derechos de las personas con Discapacidad se ven cada día más disminuidos, por la imposibilidad de poder ejercerlos.
Nuevo decreto
El Decreto 566/2023 que permitía tener empleo registrado a las personas discapacitadas y mantener el beneficio de la pensión no contributiva por invalidez siempre que su salario no superara cuatro jubilaciones mínimas, hoy está derogado por el Decreto 843/2024 que prescribe que es incompatible el tener trabajo y ese beneficio. Va más allá aún, al decir que tendrá el beneficio quien no reviste relación de empleo y siempre que no haya persona obligada alimentaria o de prestar ayuda. Por lo que, el gobierno actual desconoce el derecho de igualdad de oportunidades que todo Estado debe garantizar y se aparta del paradigma universal del derecho de trabajar de las personas con discapacidad, reconociendo que el trabajador discapacitado siempre, o las más de las veces, tiene mayor erogación en movilidad, ya que los transportes públicos no están adaptados para su uso, mayor gasto en las alimentación por dietas especiales, medicamentos, etc. El decreto 843, de diciembre de 2024, es un retroceso en la Inclusión y una vulneración de derechos conquistados. Actualmente hay una cacería de los beneficiarios de las Pensiones No contributivas por Invalidez, con sombras y acusaciones de ser pensiones truchas.
Hay un claro desinterés del Gobierno en esta problemática, de la realidad y necesidad de las personas con incapacidades, ya que se ha incrementado la demora en el trámite para acceder a las Pensiones No contributivas por Invalidez. La tramitación del beneficio, que antes eran lenta, hoy es eterna por la burocratización en el procedimiento. Conseguir el turno para el Certificado Médico Oficial Digital lleva meses. El Certificado Único de Discapacidad también lleva meses y ambos son requisitos para las mismas prestaciones. Luego, la presentación en la ANSES, que deriva a ANDIS, lleva otros meses más.
“Hablo con conocimiento de causa porque lo sufro. En diciembre de 2024 festejamos el primer añito de espera de la resolución de ANDIS, con la presentación de la totalidad de la documentación y cumplimentados todos los requisitos para lograr la Pensión Por Invalidez de mi hijo con diagnóstico de Parálisis Cerebral, TGD, Epilepsia refractaria, etc.”, cuenta Vanesa Hernández.
A su vez, el nuevo decreto excluye a muchos ciudadanos que antes si estaban incluidos o habilitados a pedir esa Pensión, y los que hoy trabajan y cobran esa pensión por invalidez la perderían.
“Hay mucho tema para reconocer, hablar e implementar en Discapacidad, porque sirve para mejorar la Vida de quienes tienen mayores dificultades en transitarla. Desde ATE y principalmente de este Departamento asumimos la Responsabilidad de visibilizar y bregar por sus Derechos, porque es mucha la población trabajadora que sufre por si o por sus íntimos allegados los avatares de vivir con Discapacidad”, concluye Hernández.
