Por Paloma Muñoz Gamboa, abogada integrante del equipo jurídico de ATE Córdoba.
En enero de 2025, la Argentina se encuentra en un momento crítico. Las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos han encendido una alarma para quienes defendemos los derechos conquistados por las mujeres y las personas LGBTIQ+.
En su discurso, Milei calificó como “woke” a los derechos fundamentales de las mujeres y las personas LGBTIQ+, describiéndolos como un “cáncer que fragmenta a la sociedad”.
Este tipo de retórica no solo deslegitima luchas históricas, sino que también constituye un ataque directo a los derechos humanos y al marco normativo que nos posiciona como referentes en la región.
Sin embargo, no estamos frente a un simple discurso polémico: estas palabras vienen acompañadas de propuestas concretas que pretenden desmantelar avances fundamentales en materia de igualdad y justicia social. El presidente ha impulsado la derogación de normativas clave como la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans, el DNI no binario y la figura del feminicidio. Estos intentos no solo representan un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también contradicen principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que hemos ratificado.
Un marco normativo ejemplar bajo amenaza
Argentina ha sido históricamente un país pionero en la protección y promoción de derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Normas como la Ley de Identidad de Género (2012), que garantiza el derecho a la identidad autopercibida sin requerir diagnósticos médicos o intervenciones quirúrgicas, son reconocidas a nivel mundial como ejemplo de legislación inclusiva y respetuosa de la dignidad humana.
Otra pieza fundamental es la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009), que aborda de manera integral las múltiples formas de violencia de género, desde la física y psicológica hasta la simbólica y mediática. Estas normativas no son solo logros aislados, sino que están profundamente arraigadas en el sistema jurídico argentino, respaldadas por tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, ambos con jerarquía constitucional.
La pretensión de eliminar estas leyes bajo el argumento de que promueven “privilegios” es una grave distorsión de la realidad. Lejos de ser privilegios, estas normativas son herramientas diseñadas para abordar desigualdades estructurales que afectan desproporcionadamente a mujeres y personas LGBTIQ+. La violencia de género, los crímenes de odio, la discriminación en el ámbito laboral y la exclusión social no son realidades anecdóticas, sino problemas profundos que demandan respuestas legislativas específicas y efectivas.
La importancia de la igualdad sustantiva
El discurso que promueve una “igualdad ante la ley” despojada de perspectiva de género ignora que la verdadera igualdad no consiste en tratar a todos por igual, sino en reconocer las desigualdades estructurales y actuar para superarlas. Nuestra Constitución, en su artículo 75 inciso 23, establece la obligación del Congreso de promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades y trato. Este mandato no es opcional, sino un compromiso constitucional que busca alcanzar una equidad real y sustantiva.
Asimismo, los Principios de Yogyakarta, reconocidos internacionalmente, refuerzan esta obligación al exigir que los Estados implementen políticas públicas inclusivas que garanticen la igualdad de derechos para las personas LGBTIQ+. Estos principios subrayan que los derechos humanos son universales e indivisibles, y que ningún Estado puede justificar retrocesos en su protección.
El intento de derogación de leyes como la de Identidad de Género o el cupo laboral trans no solo atentaría contra estos principios, sino que también colocaría a Argentina en incumplimiento de sus compromisos internacionales. Esto no es solo un retroceso simbólico, sino una amenaza concreta para la vida y la dignidad de miles de personas que dependen de estas normativas para ejercer sus derechos más básicos.
La responsabilidad de resistir el retroceso
El discurso presidencial, que equipara la ampliación de derechos con privilegios indebidos, fomenta un clima de hostilidad y polarización. Esta retórica no solo desinforma, sino que también legitima actitudes de odio y violencia hacia sectores históricamente vulnerabilizados. En un contexto en el que las mujeres y las personas LGBTIQ+ continúan siendo víctimas de crímenes de odio, exclusión laboral y discriminación, este tipo de declaraciones son irresponsables y peligrosas.
Desde sindicatos como ATE, que han trabajado activamente en la implementación de políticas inclusivas, es fundamental levantar la voz y movilizarse en defensa de los derechos conquistados. No se trata solo de resistir, sino de reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.
Convocatoria a la movilización: ¡Al clóset no volvemos!
Este sábado 1 de febrero, a las 16 horas, desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Córdoba convocamos a una Marcha Federal LGBTIQ+ bajo el lema “¡Al clóset no volvemos!”, en la intersección de Colón y Cañada. Esta movilización es un llamado a la acción colectiva para rechazar los discursos de odio y defender las conquistas históricas que garantizan la igualdad de derechos.
Te esperamos para marchar juntas y juntos, porque cuando se atacan los derechos de una parte de nuestra sociedad, se vulnera el principio de justicia para todas y todos. ¡Unidas, unides y unidos, seguiremos luchando!
