Mañana se cumple otro aniversario de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando el gobierno de Fernando De la Rúa debió huir ante el clamor popular.
Aquel gobierno, minado de políticos y funcionarios que hoy vuelven a ejercer el poder de la mano de Javier Milei, fue el causante de perpetrar 39 asesinatos y dejar un saldo de 500 heridos en todo el país.
Fueron jornadas signadas por el hambre, la desocupación, la represión y el corralito, que motivaron una alianza entre la clase trabajadora y los sectores medios, que le quitaron el apoyo a la Convertibilidad neoliberal que hoy Milei impulsa por otros mecanismos.
Pero tienen en común el ajuste sobre el Estado, la pérdida de los ingresos popular y la ganancia de las grandes corporaciones encabezadas por una oligarquía, que se expresa permanentemente en apoyo de la gestión libertaria.
Así se confirmó ayer cuando los dueños de las principales empresas de la Argentina se reunieron en un almuerzo de fin de año organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en el lujoso Palacio Duhau, y recibieron como invitado de honor al ministro de Economía, Luis Caputo.
La entidad “celebró al funcionario de Javier Milei a través de su presidente, Jaime Campos, que lo felicitó ‘por los resultados exitosos que ha tenido su gestión en este primer año de gobierno’ y le expresó ‘el compromiso de todos sus miembros de trabajar para que Argentina deje atrás décadas de estancamiento y se encamine definitivamente en la senda del desarrollo económico y social’”, según registró la prensa.
Simultáneamente, el viernes 13 de diciembre, el INDEC emitió su informe mensual del IPC, arrojando una inflación para el mes de noviembre de 2,4%, alcanzando un 166% interanual . Además, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el nivel de pobreza en el último trimestre del año alcanzó al 49,9% de la población, es decir alrededor de 23 millones de personas. En tanto, la misma medición indicó que el 65,5% de los niños en Argentina viven en situación de pobreza.
Una situación que convive en matrimonio con la otra, amalgamadas por un inconstitucional protocolo “Antipiquetes”, que según datos del Monitor de Respuestas Represivas Estatales y Paraestatales contra las Organizaciones del Campo Popular”, desarrollado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), acumula al menos 60 acciones represivas y 22 hechos de detenciones, resultando en un total de 115 personas arrestadas. Además, 147 personas enfrentaron causas penales y 992 sufrieron heridas a manos de las fuerzas de seguridad.
Córdoba no ha sido la excepción, las causas penales que acosan a nuestro secretario General, Federico Giuliani, así lo confirman.
En ese marco, como dijera el año pasado nuestra CTAA, es fundamental mantener viva la memoria y acrecentar los procesos unitarios, de organización y poder comunitario. Construir unidad con quienes rechazan este modelo colonial de hambre y miseria, con la perspectiva de recuperar el Estado para garantizar derechos a la población y construir una patria para todas y todos.
