Los organismos estatales en la provincia están desfinanciados o en retirada directamente y los derechos de las infancias con graves incapacidades para hacer cumplir los derechos de los sectores vulnerados.
Las infancias en Argentina atraviesan uno de los periodos de mayor vulnerabilidad que se registren desde la recuperación del periodo democrático.
El violento ajuste que pesa sobre el Estado, que impone el gobierno de Javier Milei y que derrama en provincias y municipios, tiene impacto directo en Córdoba, donde diversos organismos del Estado nacional abandonaron su presencia en la provincia o se encuentran en franco proceso de vaciamiento.
Al mismo tiempo, a nivel provincial el ajuste presupuestario en términos reales impide que la dependencias dedicadas a la atención de las infancias del Gobierno de Córdoba puedan ocupar el espacio dejado ausente por el Estado nacional.
Este proceso es simultaneo a la proliferación de discursos estigmatizantes que menosprecian a la infancias vulneradas y las ubican en el lugar del delito como única referencia presente en el discurso público.
De esa manera se reproducen proyectos como la baja de la imputabilidad de los menores que impulsa el gobierno de Milei, a través de una iniciativa parlamentaria que envió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En tal sentido, la ex trabajadora de la SeNAF provincial e integrante del Consejo Directivo Provincial, Irina Silberman, afirma que “desde el CDP tomamos un posicionamiento claro en contra del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los niños y jóvenes de Argentina.
“Como ex trabajadora de SeNAF, del área Penal Juvenil en contexto de encierro, entiendo que los hechos de inseguridad cometidos por jóvenes no se combaten con penas, con un sistema que solo atienda el delito. Lo carcelario que es netamente punitivo y no socializador ni liberador ni empoderador de las personas para que puedan ser sujetos de derecho activos y con responsabilidad una vez liberados. Solo se centra en castigar”, cuestionó Silberman.
Por su parte, Jésica Rojas, trabajadora despedida del mismo organismo dependiente de la Provincia, no duda en afirmar que “en Córdoba las niñeces son las principales víctimas del ajuste real”.
“En los barrios populares se siente la crisis viven los jóvenes, que hoy son trabajo principal de la SeNAF. Allí es donde hay explotación infantil, son niños sin voz que si no tienen al Estado detrás haciendo respetar sus derechos porque están abandonados, están acallados y vulnerados en sus contextos familiares pero también son vulnerados por el Estado al incumplir la obligación de hacer efectivos sus derechos”, agrega Rojas.
Silberman fustiga el proyecto de baja de la imputabilidad de las juventudes al señalar que “ayer en todo el país nos manifestamos en contra del gatillo fácil porque el destino de nuestros jóvenes está marcado por el discurso hegemónico a partir de las miradas estigmatizadoras de los pobres. Encima ahora se pretende encarcelarlos a temprana edad. No es la solución, hay que pensar en un proyecto de país a futuro que contenga infancias y juventudes libres, con garantía de derechos”.
Silberman señala que “los datos específicos de la incidencia del delitos cometidos por menores son ínfimos en relación al delito en general, más aun cuando se trata de delitos cometidos por jóvenes menores a 16 años, que actualmente es la edad límite para la imputabilidad. En cifras, el 0,01% de los delitos cometido en la provincia fueron cometidos por menores de 16 años. Y el 0,1% por menores de edad”.
“Estos números demuestran que el encierro no es la manera de abordar el problema ya que es irreal que los delitos son cometidos por los jóvenes y mucho menos los delitos graves contra las personas, como el homicidio. Hasta los números dan cuenta de una realidad que se choca con la idea que pretenden hacernos creer desde el poder”, sentencia la dirigente.
Crisis en los territorios
Desde la Secretaría Nacional de Niñez adolescencia y familia (ex Ministerio de Desarrollo Social), la trabajadora social Soledad Micoli denuncia “las políticas de represión y persecución policial a las adolescencias en Córdoba. El gatillo fácil, la detención por portación de rostro, se imponen frente a la necesidad de proteger y hacer cumplir derechos, todo en un contexto nacional de políticas de crueldad hacen la punta. El proyecto de baja de la imputabilidad nos preocupa enormemente”.
Y aclara que en Córdoba “se siguen mirando las adolescencias como algo peligroso y no desde el lugar personas que necesitan estar protegidas y dejar de ser estigmatizadas. Sobre todo de los barrios periféricos”.
Esta situación genera rebotes concretos en los territorios donde las y los estatales dedicados, a hacer valer los derechos de infancias y juventudes vulneradas, cumplen funciones diariamente.
En esa línea, Verónica Delgado, coordinadora del Dispositivo Territorial Comunitario de Sedronar en Rio Cuarto, sostiene que “estamos viendo una situación de mayor vulneración de los derechos de niños y niñas en varios aspectos como la incapacidad de garantizar el derecho a la educación, a la alimentación saludable en sus hogares. Muchas familias con sus niños y niñas buscan espacios comunitarios para poder garantizar la comida diaria. Y todo lo que eso implica porque los merenderos y comedores sociales están cada día con menos recursos, cuando la demanda es mayor”.
Las trabajadoras sostienen que son postales diarias “niños saliendo a buscar un almuerzo, una merienda, una cena. Esto repercute en la salud integral de niños y niñas. Este abandono va concatenando sobre el incumplimiento de sucesivos derechos. Se ve reflejado en el derecho a la educación, que no está garantizado sin una alimentación adecuada. Además, está el malestar emocional de las familias, la inseguridad sobre el futuro, repercute directamente en las infancias”.
Esto deriva también sobre los consumos problemáticos.” En Sedronar no trabajamos exclusivamente el vínculo de la persona con una sustancia sino como se da el proceso de vida de esa persona y en la comunidad. Por eso vemos como aparecen riesgos de los consumos en edades cada vez más tempranas, de sustancias cada vez más dañinas para sus organismos. El impacto que generan a nivel cognitivo nos ocupan y nos preocupan mucho. Y la desintegración de los organismos que nos tenemos que encargar de la protección y de garantizar derechos. En tiempos de tanta crisis los emergentes (las necesidades y vulneraciones) son tantos que las articulaciones cuestan mucho más y nos queda menos tiempo para poder pensar en conjunto”.
Delgado apunta también que “en Sedronar nos encontramos en situación de extrema precarización laboral con reducción de horarios, que repercute en las actividades que vamos presentando. En los últimos tiempos debimos reorganizarnos para poder sostener actividades comunitarias, pero también para poder seguir manteniéndonos con otros trabajos, y esto repercute sobre las posibilidades de acompañamiento que brindamos”.
Alimentación
La comida diaria es una de las cuestiones primordiales que las infancias ven en riesgo a raíz de la suba de los índices de pobreza, pero sobre todo de indigencia, que ponen en cuestión la capacidad de las familias de garantizar la nutrición cotidiana.
Por eso es clave la mirada de las trabajadoras de PAICOR, principal programa social de provincial. La compañera Analía Georgieff afirma que “desde PAICOR cubrimos los tres niveles educativos y vemos el alto crecimiento de beneficiarios en este año tan caótico por la gran cantidad de desempleo sumado la inflación que nos afecta a todos”.
“Sabemos que para muchos de los niños y niñas el PAICOR es el alimento seguro de la semana escolar. Los fin de semana acuden a los comedores comunitarios de los distintos barrios, los cuales son solventados por donaciones”, asegura.
Y recuerda que “el día de las infancias fue creado para conmemorar a las víctimas infantiles de la primera guerra mundial”.
Hoy en Argentina, las infancias sufren una guerra sin declarar. Los estatales lo vemos cada día.
