La diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez presentó un Proyecto de Resolución a la Cámara de Diputados donde expresa “su más enérgico repudio ante la decisión del Fiscal Provincial Emilio De Aragón de ordenar el allanamiento de la sede gremial de ATE Río Cuarto y el domicilio particular del secretario General de ATE y CTA Córdoba, Federico Giuliani, exacerbando una marcada persecución judicial”.
La representante en el Congreso Nacional apuntó contra De Aragón ya que consideró los allanamientos como “un hecho de gravísimas consecuencias para la convivencia democrática en Córdoba” y situó su iniciativa en el contexto que “fuerzas policiales realizaron los allanamientos al mediodía (del martes pasado) y le retuvieron a Giuliani su teléfono particular, en base a una causa abierta por el fiscal, aparentemente fundamentada en la represión policial sucedida el pasado 25 de mayo en la esquina de avenida Vélez Sarsfield y 27 de abril, cuando efectivos que custodiaban el acto partidario del Presidente Javier Milei, la emprendieron con gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra la multitud que se encontraba en el lugar. Giuliani junto a 14 compañeras y compañeros resultaron heridos de diversa magnitud, sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo”.
En ese marco, Estévez consideró que “en un extremo propio de otros tiempos donde no se respetaba en Córdoba el derecho y la libertad de las personas, la policía le retuvo el teléfono celular uno de sus hijos de 9 años. Al mismo tiempo, se allanó el auto particular de su esposa junto a otra propiedad
de ATE”.
“Se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial instrumento, en similar forma a como la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, lo a intentado en varias oportunidades. Así, queda claro que el desprecio del Gobierno por el estado de derecho y de las garantías constitucionales, donde el derecho a la protesta forma parte fundamental de nuestro contrato social, de la propia Constitución, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales que nuestro país tiene suscriptos”, afirmó.
“Cabe mencionar -prosiguió la diputada- que el fiscal De Aragón ya imputó el año pasado a Giuliani y a otros dirigentes sociales por el corte de una calle durante la Marcha contra el Hambre, que se realizó el año pasado. Dicha causa está elevada a juicio, dando cuenta que no es el único funcionario judicial disponible para aplicar las políticas de persecución política. Hay que recordar que, en un ataque directo a los gremios como herramienta de lucha de la clase trabajadora y parte del sindicalismo cordobés, el pasado viernes 17 de mayo el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó un allanamiento a la vivienda particular del compañero Carlos Rang, integrante del Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Córdoba, y su compañera, delegada del Hospital Regional de Río Cuarto”.
En esa línea, Estévez señaló que “encontramos entonces otro juez federal que allana gremialistas, mientras el narco actúa con impunidad en la Argentina, los comedores siguen sin asistencia del estado nacional y se preparan las bases para la entrega de la Republica. Sin informar el motivo de la medida judicial, la policía federal les retuvo a ambos activistas de ATE sus teléfonos celulares, en un método tan violento y grave institucionalmente, que nos remite a épocas oscuras de nuestro país”.
Y apuntó contra el accionar del Poder Judicial en Córdoba, provincial y federal, ya que “de esta forma brutal las subsiguientes órdenes judiciales pretenden intimidar al conjunto de las y los trabajadores, cuando muchos de ellos han encabezado escraches a la Fundación Mediterránea, que expresa el apoyo incondicional al ajuste de Javier Milei, y las manifestaciones en contra del reciente acto partidario del Presidente Milei en la Capital de nuestra Provincia”.
Y concluyó denunciando los intentos de “disciplinar y amedrentar a quienes denuncian la entrega del país que algunos funcionarios pretenden llevar adelante en contra del pueblo, violentando así nuestra Constitución Nacional, cediéndole funciones extraordinarias a Milei, comportándose cómplices de miles de despidos injustificados el Estado Nacional”.
