Ayer miércoles 22 de mayo la Legislatura de Córdoba manifestó su “preocupación por la grave situación e incertidumbre por la que atraviesan los medios de comunicación públicos de la Provincia y de la Nación”. El texto aprobado por unanimidad rechaza “la posible privatización de Radio Nacional Córdoba, entendiendo su valor fundamental y estratégico desde el punto de vista federal y democrático”, notificó la resolución firmada por la vicegobernadora de Còrdoba, Myriam Prunotto.
La Legislatura ya había expresado su preocupación por los despidos en los organismos nacionales en la provincia, el vaciamiento de las políticas públicas de dichos organismos y el cierre de oficinas.
Radio Nacional Córdoba integra la red federal de 49 emisoras públicas que opera Radio y Televisión Argentina S.E., una de las empresas “sujetas a privatización” según el texto de la Ley Bases con media sanción de la Cámara de Diputados.
La emisora cordobesa está al aire desde hace 67 años por la AM 750, y desde 2017 por la FM 100.1. Actualmente sus 52 trabajadores y trabajadoras sostiene una programación local de más de 16 horas diarias.
Una de las medidas preliminares que muestran el vaciamiento de los medios públicos, con el consiguiente impacto en el funcionamiento de Nacional Córdoba, es el cierre de las redes sociales con que la emisora de calle Santa Rosa difunde el material periodístico que generan sus trabajadores.
Así, el gobierno nacional censura la mirada local de la cobertura sobre los hechos que suceden en la provincia, acentuando el centralismo en las medidas que adopta.
ATE ejerce representación del personal de la radio, junto a otras organizaciones sindicales.
