El Consejo Directivo Provincial (CDP) repudia el proyecto de Ley de Bases, y particularmente los capítulos de desguace del Estado y destrucción del empleo público.
Con esta norma, Milei busca profundizar el ajuste sobre el Estado y sus trabajadores/as, además de descargar su furia y resentimiento sobre el colectivo laboral que garantiza derechos al servicio del pueblo.
Esta versión del proyecto de ley desborda crueldad. Milei no quiere que se salve nadie del despido y pretende pasar por arriba leyes, regímenes especiales y convenios colectivos de trabajo con tal de quebrantar a los/as estatales.
Es de máxima gravedad la modificación del artículo 11° de la Ley 25164 de empleo público, donde incluye el exceso de la “dotación óptima” -variable completamente manipulable, arbitraria y discrecional-, además del cierre o eliminación de organismos, como motivo para pasar a disponibilidad -desvincular- a la planta permanente.
Entre otros puntos, el proyecto legaliza y facilita despidos masivos e indiscriminados, al exterminar la planta permanente del Estado, violando el derecho constitucional a la estabilidad laboral.
También arremete con profunda violencia de género contra los derechos que protegen a embarazadas, así como contra personas enfermas o accidentadas, que pueden ser puestas a disponibilidad. Y promueve despidos indirectos por medio de traslados compulsivos, al eliminar el consentimiento de las y los trabajadores.
Los derechos de los estatales están siendo atacados de manera cruenta al impulsar descuentos salariales por protestar, criminalizando y limitando el derecho a huelga; asimismo ataca la transparencia en el ingreso a la carrera al eliminar veedurías gremiales.
El proyecto promueve las jubilaciones en masa lesionando la capacidad del personal del Estado para cumplir con lo que la propia normativa le exige.
De esta forma, el vaciamiento es el paso previo a la posterior privatización.
No es una reestructuración ni otra reforma: se trata de la devastación del Estado para su total colonización por el empresariado más rancio.
ATE ya trasladó a numerosos diputados y diputadas nacionales por Córdoba su rechazo al programa de ajuste, señalando los derechos que serán cercenados al conjunto de la población de la provincia.
La Legislatura Unicameral ya se manifestó en una declaración contra los despidos y reclamando la vigencia de las políticas públicas nacionales en Córdoba.
En esa línea, reclamamos a las y los diputados nacionales que fijen posición en contra de la ley y repudiamos a aquellos que trabajan abiertamente por su aprobación. Su intención de centralizar toda la atención estatal en la Capital Federal implica un profundo centralismo unitario que agravia el federalismo instaurado por nuestra Constitución Nacional.
Seguiremos luchando en defensa de las y los estatales, por el sostenimiento de las políticas públicas y la presencia del Estado en Córdoba.
Federico Giuliani
Secretario General
ATE Córdoba
