El acceso a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales. Es un derecho colectivo, público y social consagrado en la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales.
Tanto la Nación como las provincias y los municipios son responsables del debido cumplimiento de estas obligaciones a partir de medidas de carácter legislativo, administrativas, presupuestarias y judiciales. Por eso, además de su reconocimiento, las personas tienen derecho a su protección por parte del Estado, que debe reconocer el goce del más alto nivel posible de aquellas condiciones socioeconómicas que posibilitan llevar una vida digna, como lo es tener un trabajo en condiciones sanas y saludables.
El actual contexto de deterioro de las condiciones laborales ante el ajuste brutal que recae sobre las y los trabajadores, y del mercado laboral a partir de despidos masivos, el achique y desguace de organismos públicos desde de una estrategia de shock que busca disciplinar a la clase trabajadora y que forma parte de la agenda neoliberal que en nuestro país inició con la última Dictadura a sangre y fuego, siguió con el menemismo en la década del 90’, continuó la Alianza, prolongó el macrismo y busca profundizar el actual Gobierno de ultra derecha, sumado a la nefasta campaña de discursos de odio que estigmatizan a las y los estatales, genera enormes efectos negativos que impactan, y lo harán más aún en los próximos meses, sobre la salud de la población en su conjunto.
El desempleo y la pérdida de la relación laboral ocasionan serios problemas de salud física y mental. La ruptura de proyectos de vida, la pérdida del rol social que implica trabajar, la incertidumbre, la ansiedad, vinculados a la indeseable vivencia que significa un despido humillante, ilegal y violento, afectan de manera directa no sólo al nuevo o nueva desocupada, sino también a su entorno, porque a pesar de que el Gobierno pretenda instalar que los despidos son simplemente elementos de variable económica y números fríos, atrás de todos y cada uno de ellos, hay un nombre, una persona, una historia y una familia.
Estos escenarios sociales y laborales traerán como consecuencia mayor desocupación y mayor caída de población económicamente activa y con ello, mayor pobreza y desigualdad, lo que propone nuevos escenarios sanitarios al empeorar cada vez más las condiciones de vida de estos sectores. Es de exclusiva responsabilidad de las políticas de este Gobierno que busca la escasa o nula participación del Estado para garantizar las ganancias a los mercados y las corporaciones, postergando entre otros, la Salud Pública, y muestra de ello es la total desidia en la prevención, control y manejo de la epidemia de dengue por la que atraviesa nuestro país, siendo las y los propios trabajadores del Sector Sanitario quienes se ponen al frente de la situación ante la ausencia de campañas, estrategias y determinación de criterios de abordaje por parte de las autoridades. Mismos compañeros y compañeras que estuvieron en la primera línea de lucha contra el COVID y que fueron personal esencial para cuidar la vida de la población, que hoy son tratados como material descartable, con salarios miserables, pésimas condiciones de trabajo, falta de personal y de recursos materiales, con centros de salud, dispensarios y hospitales desvencijados y un maltrato permanente hacia quienes enaltecen diariamente la profesión y el oficio de cuidar el bienestar físico y mental de la sociedad.
Resulta necesario construir la fuerza necesaria para exigir que los gobiernos cumplan con sus responsabilidades y avanzar en la preservación de la salud como eje sanitario frente a las propuestas de este sistema voraz.
La falta de políticas públicas de salud y de justicia social que permitan terminar con la miseria, es una deuda que aún hoy sostiene la democracia con nuestro pueblo.
