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Denuncia penal a Macri por Incitación a la violencia

El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció al ex Presidente por infringir el artículo 212 del Código Penal, que reprime con pena de 3 a 6 años de cárcel "el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones", como es el caso de sindicatos y organizaciones que ejerzan legal y legítimamente su derecho a la protesta.

7 diciembre, 2023
en Acción Política
El abogado Eugenio Biafore y el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunciante en la causa.

El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció penalmente al ex Presidente Mauricio Macri en Tribunales Federales esta mañana por “incitación a la violencia” debido a sus declaraciones en un programa de televisión, donde alentó a grupos civiles a reprimir las protestas que generen las políticas de ajuste del gobierno que encabeza Javier Milei.

Según establece la denuncia, al afirmar frente al periodista Joaquín Morales Solá en el canal TN que “los jóvenes van a ir a defender su oportunidad, ellos van a tener que medir muy bien los orcos quieran salir a la calle a hacerles mal“, Macri vulnera el artículo 212 del Código Penal, que reprime con pena de 3 a 6 años de cárcel “el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones“.

De esta forma, Giuliani reclama que la Justicia intervenga y castigue las afirmaciones de Macri, de especial gravedad en un contexto de violencia verbal generalizada de sectores afines al gobierno entrante, que ya se han hecho efectivas a través de amenazas de muerte a dirigentes y organizaciones sociales. El caso más conocido, pero no el único, es el que sufrió recientemente el dirigente Juan Grabois y otros dirigentes gremiales como el camionero Pablo Moyano.

En ese marco, y frente a un horizonte de protestas sociales donde ATE prevé salir a resistir, en el marco de la ley vigente, el ajuste que promete Milei, Giuliani dijo hoy en Tribunales que “vemos muy peligrosas las declaraciones de Macri, en un proceso de avanzada del fascismo y la represión, no solo en el marco institucional del Estado sino también en la perspectiva de intervenciones de grupos parapoliciales que tercericen la represión del Estado”.

Y remarcó que “ya lo vivimos con la Liga Patriótica en la década de 1920 y con la Triple A en los ’70. Por eso nos presentamos como querellantes. No vamos a dejar pasar impunes este tipo de declaraciones, ante la posibilidad que después sucedan hechos graves a partir de esta convocatoria al enfrentamiento que hizo Macri”.

Cabe señalar que Giuliani había enviado a Macri una Carta Documento el pasado 23 de noviembre, para que ratifique o rectifique sus declaraciones “bajo apercibimiento que para el caso de silencio se tomarán sus dichos como ‘ratificación’ de los mismos”. Ante la falta de respuesta el paso siguiente fue realizar la denuncia judicial correspondiente.

“Macri llamó ‘Orcos’ a quienes ejercemos el derecho a la protesta. Según el diccionario ‘Orco’ es un “muerto en pecado”, figura que menosprecia a las organizaciones que proponemos la resistencia al ajuste. Seguidamente, Macri planteó la salida a la calle de grupos civiles para que repriman el conflicto social que inevitablemente se avecina”, dijo el dirigente estatal.

En tanto, el asesor letrado de ATE, Eugenio Biafore, indicó que Macri realizó una incitación a la violencia pública “atento que dice que el ejercicio del derecho a la protesta que ejercen las organizaciones, conforme a la ley vigente y en cumplimiento de sus propios estatutos, debe provocar la reacción de jóvenes en defensa de lo que sería el programa de gobierno del presidente electo Javier Milei”.

“Creemos que esto es una limitación muy grave del ejercicio democrático. Mientras el Gobierno entrante tendrá derecho de llevar adelante su plataforma, por supuesto que el derecho a la protesta no queda vulnerado y está limitado a su ejercicio, como lo ha sido a lo largo de la historia de este país. Por lo tanto, acometer, incitar, llamar a la resistencia violenta de un derecho constitucional está fuera de los ámbitos jurídicos democráticos permitidos”, concluyó Biafore.

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