COMUNICADO DE LA CTA A PUNILLA: SOLIDARIDAD CON FEDERICO GIULIANI
Los abajo firmantes delegados, integrantes de la CTA A PUNILLA, dejamos expresa nuestra solidaridad con el Secretario General de la Comisión Directiva provincial, el compañero Federico GIULIANI, tras el pedido de elevación a juicio por su adhesión como orador en la marcha contra el hambre realizada el pasado 5 de abril acusándolo de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos.
Decimos también, que el hambre es un crimen que muchas veces los fiscales no quieren investigar. Cuando silencian la corrupción que anida en los gobiernos y que escandaliza al pueblo trabajador, alli dónde se toman las decisiones que afectan a millones de habitantes. Y decimos también que es principio del derecho positivo, cometer un delito menor para evitar un crimen superior. De igual modo, invocamos con fuerza nuestro derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión en democracia.
Nos llamamos a la convocatoria y declaramos la alerta maxima frente a los intentos de persecusión judicial a cualquiera de nuestros dirigentes gremiales.
CTA A PUNILLA-PARAVACHASCA
COMISION DIRECTIVA LOCAL
Desde el Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto repudiamos y denunciamos el pedido de elevación a juicio del fiscal Ernesto de Aragón de la imputación a seis dirigentes sindicales y sociales de la Provincia de Córdoba, acusados por “delitos por desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción del transporte o servicios públicos en concurso material”. Cabe aclarar que algunos de los imputados son miembros de organizaciones que forman parte de este Consejo Consultivo y que la imputación mencionada está referida a la manifestación realizada en la ciudad de Córdoba el día 5 de abril del presente año.
Entre las pruebas que utilizó el funcionario judicial para acusar a los dirigentes sindicales y sociales se encuentran una serie de tareas básicas de espionaje, prohibidas por la Ley de Seguridad Interior. Una de ellas es un informe confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones. Allí se da cuenta de un relevamiento “de los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO) analizando “los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, y el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”. También fueron secuestrados y peritados los teléfonos celulares de los dirigentes, sin participación de peritos de parte.
Este tipo de prácticas llevadas adelante por el Poder Judicial se enlazan con las admitidas por la propia jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti, tal lo señalado por ella a distintos medios, donde detalló que la fuerza realiza tareas de inteligencia cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados y personal de civil, como ocurrió en épocas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Cómo organismo universitario abocado al monitoreo y la observación de la plena vigencia de los Derechos Humanos; advertimos esta situación, apelamos al accionar de las instituciones democráticas pertinentes en la materia y nos solidarizamos con los imputados y sus organizaciones.
A 40 años de Democracia, seguimos luchando por su defensa y profundización.
02 de noviembre de 2023
