
La Fiscalías de Distrito 1 Turno 6 que interviene en la investigación por el ataque de una patota, que responde al dirigente sindical Sergio Fittipaldi, a una movilización de ATE Córdoba, resolvió acceder al pedido de nuestro secretario General Federico Giuliani como querellante particular en dicha causa.
Se trata de un pesquisa judicial que buscar determinar quienes fueron los autores materiales e intelectuales del brutal ataque que sufrió un grupo de trabajadoras del PAICOR enroladas en ATE, el 28 de julio de 2022, que marchaban hacia Casa de Gobierno a reclamar mejoras salariales y de condiciones de trabajo, cuando al llegar a la esquina de nuestro gremio, un grupo armado con armas de fuego, palos y distintos objetos contundentes las golpeó salvajemente para impedir que realizaran la protesta.
Así a los golpes arriaron a las compañeras durante media cuadra hasta que pudieron refugiarse dentro de ATE. La policía no intervino a pesar de encontrarse en el lugar y de estar enfrente el Servicio Penitenciario de la provincia.
Ahora, a más de una año de sucedidos los hechos, la fiscalía hace lugar al pedido de Giuliani.
Para la abogada de ATE María Terragno, que también fue parte del grupo de mujeres golpeadas en aquella ocasión, la resolución judicial “significa que como víctima de un delito puede ser parte de la causa. Esto abre la posibilidad de ofrecer prueba y controlar el proceso penal, y es muy importante a la hora de impulsar la causa”.
En tal sentido, Federico Giuliani destacó la lentitud de la Justicia “frente a un hecho sucedido en 2022, evidentemente hay una administración de justicia muy lenta para algunas cosas. Rápida con los débiles y lenta con los poderosos”.
A pesar de esto, el dirigente valoró “la importancia que un hecho de estas características no quede impune, una gravísima patoteada de una barra brava contra un grupo de trabajadoras”.

Y alentó “la posibilidad de que vayamos a fondo, esto no se debe naturalizar”.
Vale recordar que en su momento, la Legislatura emitió una declaración repudiando los hechos, pero ello no fue obstáculo para que el actual gobernador Martín Llaryora integrase a Fittipaldi en la lista de candidatos a legisladores del oficialismo.
Giuliani relacionó el ataque con que “Fittipaldi fue un nene mimado del schiarettismo, que le garantizaba los negocios de tercerización de la limpieza de los edificios públicos, mientras la compañeras de limpieza cobran salarios por debajo de la línea de la indigencia”.
Y concluyó señalando que “nuestra lucha es pacífica y tiene que ver con la libertad sindical de poder elegir qué gremio querés que te represente. Los Fitipaldi son dirigentes ricos con trabajadores pobres”.
Fittipaldi ya se encuentra investigado en una causa penal por el asesinato de una afiliada de su gremio en el marco de la interna que lo enfrenta con una lista opositora para la renovación de la conducción del gremio que preside, el Soelsac.






