La Sala 11 de la Cámara del Trabajo revocó la sentencia del juzgado de conciliación que había rechazado un amparo interpuesto por ATE ante una serie de despidos arbitrarios realizados por la Municipalidad de Villa Carlos Paz en el marco de un conflicto gremial en el sector salud municipal, en diciembre de 2020.
Cinco trabadoras y trabajadores habían sufrido despidos después que se afiliaran a ATE y participasen en asambleas y otras medidas de fuerza, razón por la que fueron despedidos por la gestión del actual oficialismo, que entonces ejercía Daniel Gómez Gesteira, disfrazados bajo la excusa que el ejecutivo no les renovaba sus contratos.
Ahora la Cámara sostuvo, en una sentencia emitida en julio pasado, que efectivamente como reclamó ATE este personal sufrió persecución antisindical y, por lo tanto, ordenó al municipio que pague las indemnizaciones correspondientes.
Vale señalar que el Ejecutivo se había negado a todo reconocimiento aduciendo fin de los contratos cuando, en realidad, se trataba de personal precarizado que gozaba de estabilidad laboral en tanto trabajador o trabajadora estatal. Esa postura había sido avalada por el Juzgado N° 2 de Villa Carlos Paz, en una sala de conciliación que rechazó el amparo presentado por ATE. Sin embargo, para la Cámara como instancia de apelación superior los despidos fueron ilegales.
“No hay duda que los despidos fue una represalia a ese conflicto sindical del 2020 donde entre muchos trabajadores y trabajadoras habían participado las y los despedidos”, explicó la abogada de ATE María Terragno.
La letrada destacó que las y los compañeros tenían mucha antigüedad, algunos más de 10 años. “Reclamaban mejores condiciones de trabajo y fueron despedidos como un mecanismo ejemplificador para poner fin al conflicto”, dijo.
Y destacó que “es importante que la Cámara se haya declarado competente para entender en el caso porque es una pelea que damos desde ATE que la Justicia asuma que el empleo público forma parte del derecho del trabajo y por lo tanto está incluido en el marco de las medidas protectorias y progresistas, como son las garantías de organización y libertad sindical”.
Asimismo no es menor que la sentencia establezca que los despidos fueron discriminatorios y sanciona a la Municipalidad como empleadora con una indemnización agravada. El antecedente queda asentado para otros conflictos que puedan surgir en otros municipios de la provincia.
