
En una presentación realizada el viernes pasado, el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, reclamó la intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto gremial de Villa Cura Brochero, donde el intendente Carlos Oviedo despidió 29 trabajadores municipales, a los que acusó de “trabajar para la lista opositora” en las elecciones recientes donde ganó su reelección.
Giuliani reclamó a la cartera laboral que disponga de la conciliación obligatoria, que retrotraiga la situación al estado previo a los despidos, toda vez que Oviedo se niega sistemáticamente a recibir al sindicato.
Todos los despidos se refieren a compañeros y compañeras con antigüedades que varían de 1 a 12 años, por lo que es evidente la arbitrariedad de la medida, llegando a la alevosía de despedir a una delegada normalizadora de ATE que cuenta con fueros gremiales que protegen su estabilidad laboral o un trabajador discapacitado que es sostén de hogar. De los despedidos, ocho son afiliados de ATE.

Vale señalar que los despidos se aplicaron bajo al medida de “no renovación de contratos” lo que expresa la precarización que sufren las y los compañeros en cuestión.
En tanto, continúa el plan de lucha en el municipio del Valle de Traslasierra.
Discapacitado y delegada
En la documentación suministrada por ATE a la Delegación Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce el delegado Ignacio Baselica, ATE adjuntó el certificado de discapacidad emitido por el Gobierno de Córdoba para el trabajador municipal Juan Ignacio Tapia.
El intendente Oviedo no tuvo miramientos con el compañero, que es sostén de su familia. Ante la arbitrariedad del hecho, ATE realizó paralelamente una presentación ante el INADI por discriminación contra Tapia, reclamando que intervenga en el caso.
De la misma forma, se adjuntó la notificación sobre la designación como delegada normalizadora de la compañera María José Romero, cuyos fueros gremiales no fueron respetados.
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