El Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba repudia la imputación al delegado de ATE en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, Ricardo Barrionuevo, judicializado tras participar de una marcha en reclamo de mejoras salariales frente al Ministerio de Salud de la provincia el pasado miércoles 17 de mayo.
La imputación de Barrionuevo, según una versión periodística, no habría sido la única sino que otro trabajador de apellido Campos se encontraría en la misma situación, aunque vale aclarar que no es afiliado de ATE.
Estas medidas judiciales se insertan en el proceso de criminalización de la protesta social en Córdoba, donde queda en evidencia que no se respeta el derecho a la protesta ni a peticionar ante las autoridades. Mientras la inflación aumenta mes a mes y arrasa nuestros salarios, el poder político y su brazo judicial accionan para amedrentar a las organizaciones que luchan en defensa de la calidad de vida de nuestro pueblo y en la aplicación de la Constitución. La imputación a nuestro secretario General, Federico Giuliani, y a otros dirigentes sociales así lo atestigua.
En consecuencia rechazamos estas imputaciones e instamos a las fiscalía intervinientes a que muestren algo de dignidad y cumplan sus funciones aplicando la Constitución y no como herramienta de aplicación de la represión en Córdoba.
