OPINIÓN. Por Rodolfo Aguiar, Secretario General Adjunto del Consejo Directivo Nacional (CDN) de la Asociación Trabajadores del Estado.
“Además de los gobernadores, son los Intendentes los que deberían estar pegando el grito en el cielo. Las transferencias a provincias y municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos y se afectarán las partidas destinadas al pago de salarios.
La Corte Suprema de Justicia, que dispuso que el Gobierno nacional le reintegre el cobro del 2,95% de la masa de fondos coparticipables al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perjudica a 3 millones y medio de estatales: 716 mil trabajadores nacionales, más de 2 millones que prestan servicios en las provincias y casi 500 mil distribuidos en todas las comunas del país.
Es que, por la nueva redistribución de recursos, las transferencias a las provincias y los municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos, afectando todas las partidas presupuestarias, entre las cuales se encuentran las destinadas al pago de salarios y la regularización del empleo en las distintas administraciones.
Con este fallo se perjudica a todos los ciudadanos y en particular a los trabajadores estatales.
Una gran parte de los trabajadores de la administración pública nacional, las provincias y los municipios ya se encuentra bajo la línea de pobreza y esta decisión de la Corte impedirá el mejoramiento de sus condiciones de vida en el corto plazo. Sin lugar a dudas existirá un aumento de la conflictividad en gran parte del país.
Cabe recordar que recientemente desde ATE denunciamos que el 60% de los estatales se encuentra bajo la línea de pobreza ya que más de 2 millones tienen sueldos que no alcanzan los $146.000 que, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), necesitó en noviembre una familia de cuatro integrantes para no ser pobre.”
Antecedentes del conflicto
El año de inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández revirtió una medida tomada en la gestión de Mauricio Macri y redujo de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que debe recibir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la cual, previo al gobierno de Cambiemos, recibía un monto por Coparticipación Federal que era equivalente al 1,4% de la masa total de impuestos recaudados por la Nación). La gestión de Horacio Rodríguez Larreta presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que aún no resolvió sobre el fondo aunque dictó una medida cautelar en la que estableció que la Nación debe enviar a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables mientras dure el proceso judicial.
