El desmanejo que sufre el Ministerio de Salud durante el gobierno de Juan Schiaretti tuvo otro capítulo la semana pasada cuando se hicieron públicas las denuncias de un compañero despedido del Sistema Provincial de Sangre. Emmanuel Nardi Huenz, que trabajó un año y medio en el sector -primero en Centro Provincial de Plasmaféresis y luego en el área de insumos del organismo- y denunció penalmente a los funcionarios responsables del sector porque “se destruían fármacos e insumos no vencidos para generar faltantes y que se llame a nuevas compras, que favorecían siempre a los mismos proveedores”.
Además, denunció que “se entregaba a hospitales medicamentos, reactivos y otros productos vencidos y relató cómo se adulteró el plasma de recuperados con Covid, al inicio de la pandemia”. Son gravísimos hechos que deben ser esclarecidos inmediatamente para restaurar la credibilidad del sistema sanitario provincial, muy golpeado por el caso del Hospital Neonatal y como resultado de la pésima gestión del ex ministro Diego Cardozo en particular. El trabajador fue despedido en año pasado, dándole de baja a un contrato claramente irregular, cuando trasladó sus cuestionamientos a las autoridades del Sistema Provincial de Sangre.
En ese marco, hubieron versiones que cuestionaron la intervención de ATE para acompañar a Nardi Huenz en ese proceso. El delegado de nuestro gremio en el Banco de Sangre Provincial, organismo ubicado en el Hospital San Roque Viejo, Osvaldo Reynaldo, explicó como se realizó la intervención para que Nardi Huenz recupere su trabajo.
“A partir que trasladó determinados cuestionamientos es que lo terminan despidiendo a través de una baja del ese contrato”, dijo Osvaldo. “Nosotros atendimos su reclamo, lo acompañamos para que el equipo letrado de ATE interponga un recurso para revertir su despido. Y pedimos una audiencia que nunca nos respondieron con las autoridades, tanto para reclamar la reincorporación del compañero, como la cuestionar cómo era posible un despido de ese tenor en medio de la pandemia”, acota el delegado.
Y relata: “por medio de la asesoría letrada de ATE hicimos un recursos de reconsideración y de esta forma se le dio curso la reclamo administrativo para que recupere su trabajo, actuación que ha permanecido en un limbo burocrático desde ese momento. Es por eso que el compañero se volcó a hacer la denuncia penal, cuestión que se chocaba con la posibilidad de su reinstalación. Pero como ATE podemos decir que hicimos la intervención gremial correspondiente. No lo acompañamos en la denuncia penal porque no es nuestro rol”.
El trabajador despedido es afiliado del sindicato ATSA porque trabaja en un centro de salud privado. Pero ese gremio, que también tiene actuación en los hospitales del sector público, no tuvo intervención en todo el episodio, a diferencia de ATE que si accionó las vías administrativas para la reinstalación tras el injusto despido.
