En nombre y representación del Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (CDP ATE Córdoba), entidad sindical de primer grado, Personería Gremial Nº2, y con domicilio legal en calle Entre Ríos 450 de la Ciudad de Córdoba, nos dirigimos a usted a raíz de la preocupante situación que atraviesa nuestra provincia en materias de femicidios: en menos de un mes ya contabilizamos 5 terribles muertes violentas contra mujeres por su condición de tales (incluida la del suicidio femicida de Luana Ludueña, la joven que había denunciado a Diego Concha, ex funcionario de esta gestión del Gobierno del cual usted forma parte).
Como representante de una organización que tiene a las políticas de géneros como vertebradoras de sus prácticas, es que solicitamos también, en este acto, se declare la emergencia por violencia de género en toda la provincia y se convoque a este sindicato -y a otras organizaciones con trayectoria en el trabajo por los derechos de las mujeres y diversidades-, para informar las políticas -y los presupuestos destinados- que este Gobierno de la Provincia de Córdoba está realizando en materia de la eliminación de las violencias contra nosotres. Solicitamos, además, se atienda de manera urgente a los reclamos gremiales que nuestra entidad viene realizando ya hace más de un año y que tienen como centro a la regularización de la situación de precariedad con la que trabajan las compañeras en su cartera: si ellas no tienen condiciones dignas de trabajo, difícil es hablar de políticas de Estado activas para atacar el flagelo de las violencias sistémicas que sufren nuestras poblaciones, incluso, en su Ministerio. Además, exigimos que implemente políticas activas para que toda persona funcionaria del Ejecutivo del cual usted es parte, tenga la obligación de haber realizado las capacitaciones dispuestas por Ley Micaela, así como un historial intachable en cuanto a denuncias por violencia de género: solo de esa forma no tendremos que volver a lamentar más compañeras muertas por violencia machista ejercida desde agentes del poder político cordobés.
El Ministerio de la Mujer, según consta en las páginas oficiales de Gobierno, tiene como finalidad de “asistir al Poder Ejecutivo en la promoción, protección y restitución de los derechos de las mujeres y coordinar políticas públicas desde una perspectiva de género, derechos humanos y diversidad” y dentro de sus objetivos, enuncia: “promover el empoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos, propiciando la igualdad de género; adoptar medidas necesarias para poner fin a todo tipo de violencias y discriminación; crear e implementar políticas, programas y planes de gobierno en materia de equidad de género a ejecutarse de manera transversal en todas las áreas del Estado provincial; propiciar el desarrollo de las condiciones adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las mujeres en el territorio”. Atento a la complejidad de las problemáticas a abordar desde este espacio institucional, es que creemos que las políticas activas y participativas desde el punto de vista social y comunitario, así como la rapidez de reflejos cuando la situación lo requiera, demanda acciones concretas y urgentes que, en este contexto de violencia con el que nos hemos encontrado a principios de este funesto 2022, están más que fundamentadas.
Sin otra particular, la saludamos atentamente.
