Bajo la consigna “Tenemos ley, exigimos dignidad”, se realizó ayer por la tarde la octava marcha por el derecho a la salud mental, una multitudinaria con centración popular alrededor del colectivo organizador integrado por trabajadores del sector, profesionales, usuarios del sistema de salud mental de la provincia, familiares y organizaciones sociales y sindicatos, que vienen exigiendo hace años por la plena aplicación de las leyes de salud mental en Córdoba.
ATE Córdoba forma parte de la organización convocante y participó de la marcha en pleno centro de nuestra ciudad, sosteniendo que “tanto la normativa de salud mental nacional como la provincial no se cumplen”. Por el Consejo Directivo Provincial (CDP) estuvieron presentes la secretaria de Prensa, Julia Giuliani, su par de Formación, César Theaux, junto a les delegades Celeste Martinez y José Pesuto y a compañeras de salud mental del Hospital Regional de Río Cuarto.
“Hace 11 años que tenemos la ley nacional y la ley provincial. La pregunta que nos hacemos es qué se implementó en estos años, qué reformas hubo, por ejemplo, en el sistema de atención en la provincia. Qué nuevos dispositivos comunitarios se abrieron y sostuvieron, qué políticas se implementaron para la reparación de las vidas arrasadas de personas que estuvieron y aún permanecen internadas y segregadas en hospitales neuropsiquiátricos. Estas preguntas aparecen una y otra vez en los debates que llevamos adelante desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental. La respuesta a estas y otras preguntas, son invariablemente negativas y muestran el panorama desolador de la salud mental en Córdoba”, afirmó el documento conjunto que se leyó en la plaza San Martín, frente a la Catedral, que incluyó la participación de artistas y muchos apoyos de todos los ámbitos.
El documento denunció ataques a la ley de salud mental desde distintos sectores reaaccionarios. “Diferentes medios hegemónicos y grupos corporativos atribuyen déficit a estos marcos normativos cuando, por el contrario, es su incumplimiento lo que genera los gravísimos problemas que estamos denunciando”, sostuvieron.
Y agregaron que “las reformas que impone la ley no sólo implican reconvertir las instituciones monovalentes, sino desplegar un abanico de políticas integrales que van desde la apertura de dispositivos que sustituyan al manicomio, la integración de la salud mental en el sistema general de salud, con énfasis en el primer nivel de atención, la implementación de una política de vivienda y apoyos, para que la alternativa a vivir en un hospital no sea vivir en la calle, y el acceso a derechos sociales como el trabajo, la educación y la no discriminación”.
Además, los manifestantes denunciaron que durante la pandemia, desde el gobierno provincial de Juan Schiaretti se implementaron medidas “en nombre de la ley, pero sólo sirvieron para convalidar políticas de ajuste”.
