Desde ATE Córdoba nos solidarizamos con la Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez, quien enfrenta un juicio penal por una protesta realizada en 2013, en el marco de acciones de visibilización ante la falta de insumos en el Hospital de Niños, institución donde la compañera es enfermera. A este gravísimo embate judicial, ahora la Provincia se suma con una acción de desafuero gremial, paso previo a cumplir con su verdadera intención: el despido de la trabajadora, referente en la lucha por los derechos de las y los trabajadores estatal en el ámbito de la salud pública provincial.
ATE y UTS, junto a otras organizaciones que nuclean al personal de la salud, somos parte de la Multisectorial de la Salud de Córdoba. En este espacio, últimamente, hemos profundizados las acciones de lucha contra las políticas de ajuste de Schiaretti en el sector y nos es inevitable no unir la iniciativa oficial con la verdadera voluntad de acallar nuestras voces de protesta, persiguiendo a una de nuestras referentes. En plena pandemia, con terapias acercándose al máximo de su capacidad, con trabajadoras y trabajadores exhaustos debido a las jornadas interminables por la falta de personal, con salarios de pobreza, con persecución gremial: con todo eso nos paga el Gobierno de Córdoba a quienes luchamos por una salud pública de calidad.
Pretenden acallarnos, pero cada voz que intentan silenciar a uno o una de nosotros, sólo fortalecen el grito de corazón de quienes elegimos la vida y la dignidad antes que el miedo y la muerte, opciones elegidas e impulsadas desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Por último, llamamos la atención a todos los Gobiernos: la criminalización de la protesta social que están llevando todos los Estados no hace más que opacar nuestra democracia. El procesamiento a 27 estudiantes de la UNC por parte de la Justicia Federal; la persecución a Milagro y demás luchadoras/es sociales en Jujuy; la represión y las causas judiciales a quienes luchan contra el extractivismo (en Aldalgalá y en toda la Argentina); y, por último, la intimidación judicial y de las fuerzas de seguridad a todas las personas que luchan por los derechos de las comunidades; todo ello forma parte de un aparato represivo que actúa porque pretende que nosotros y nosotras paguemos una crisis que no generamos.
SEGUIREMOS LUCHANDO. NO NOS CALLARÁN: ¡FUERZA COMPAÑERA!
