La resistencia del pueblo de Andalgalá, en el oeste de Catamarca, a la instalación de la megaminera del proyecto Agua Rica lleva 20 años de lucha.
El conflicto, por su intensidad y larga duración se entronca en la más fuerte identidad de la conflictividad popular argentina, dejando en alto la bandera de la dignidad y la soberanía, carácter que tomo forma de luchas ambientales en muchas regiones del país.
En ese marco, y ante el recrudecimiento del conflicto desatado en Andalgalá, en abril pasado, con persecuciones a los vecinos comprometidos con la lucha ambiental, allanamientos y detenciones arbitrarias, el programa radial de ATE Córdoba ‘Entre Todos y Todas’, entrevistó a la compañera Melina Zocchi, trabajadora estatal de la Secretaria de Agricultura Familiar, integrante de la conducción provincial de ATE Catamarca y militante de la Asamblea El Algarrobo, para conocer de primera mano la actualidad del conflicto.
“Venimos hace dos décadas resistiendo el proyecto megaminero de Agua Rica, que se pretende instalar en la cuenca del río Andalgalá, modificándole la vida a toda la región”, introdujo Zocchi.
¿Cómo se produjo la represión del abril?
Para poner en contexto, esta resistencia ya pasó por varias represiones, en 2005, 2010, 2012 y ahora en 2021, ante los bloqueos selectivos que estábamos haciendo nuevamente desde la Asamblea del Algarrobo, cortando dos accesos a la minera de Agua Rica, porque querían avanzar en una exploración que no tienen permitida. Pero que el gobierno provincial de Raúl Jalil permite arremeter igual, junto con la empresa, pasando las máquinas.
Esto se descubrió dos días antes de la caminata del 8 de abril y paralelamente, con la excusa de la pandemia, se militarizó el pueblo con una gran cantidad de policías para que el día de la caminata, que es la Nº 583 porque hace 20 años que se marcha en Andalgalá a favor del Agua y de la Vida y en contra de la megaminería, con miles de personas. Llamativamente en esta caminata se prende fuego y se rompe un local del PJ, en una situación poco clara donde desaparecieron los policías que habían estado todo el tiempo dando vueltas por el pueblo y los bomberos -que están a 200 metros del lugar- tardaron seis horas en apagar el incendio.
Al otro día comienza una campaña de persecución y difamación de personas del pueblo por parte de un medio radial pagado por la minera; el lunes 12 empieza una caza a vecinos y vecinas con allanamientos y detenciones superviolentas, con golpes asfixias, rompiendo las casas de vecinos y vecinas, que tienen en común ser asambleístas y estar a favor de la lucha en defensa del agua, que no es nada raro porque ese es el consenso absoluto en el pueblo desde hace muchos años.
¿Cómo describís el papel de la Justicia?
Esto se agrava por la violación de las leyes de ambiente, la ley de glaciares porque el proyecto d Agua Rica se emplaza en una zona de periglaciares y la cuenca del río; también se viola la ley de bosques y todos los convenios de DDHH que te puedas imaginar porque estas detenciones se produjeron violando el principio de inocencia, a pedido de una fiscal subrogante llamada Soledad Rodríguez, que trabajó en la minera y para mineras de litio en Antofagasta, nuestra puna catamarqueña. Sus órdenes de allanamiento se fundamentales en testimonios de personas vinculadas a la minera que acusaron a los vecinos de romper el local del PJ.
Así, se violaron todos los principios habidos y por haber sin precedentes, dos semanas donde tuvieron a vecinos y vecinas privadas de su libertad, recién el cuándo se cumplieron 10 días de la detención fueron puestos en libertad porque ya no los podían retener más: no había una sola prueba contra ellos, aunque allanaron más casas y tampoco encontraron nada. Igual los mantienen procesados e impusieron cauciones inalcanzables. Desde la organización pudimos gestionar su libertad pero la persecución continúa y las máquinas están en el cerro.
Todo este cuadro es un antecedente muy grave para los pueblos que luchan por su ambiente.
¿Se advierte un ‘Estado profundo’ que avanza al margen de la legislación vigente y que tiene al extrativismo como modelo a imponer en la región?
Tal cual, el extractivismo no tiene color político, te estoy contando la historia de Andalgalá, pero pasa lo mismo en Chubut y otras provincias. Hace mucho que venimos resistiendo pero nos han reprimido y violentado todos los colores de gobierno porque es el modelo, capitalista y violento porque genera desigualdades en su fase neoliberal.
Atenta contra la vida porque cuando ponés en peligro las fuentes de agua, peligra todo el pueblo, toda la naturaleza, la sustentabilidad y la existencia misma de los pueblos y la naturaleza que lo provee. Son genocidios planificados que emplean mecanismos de dictadura minera para imponerlos. Es complejísimo lo que sucede en democracia con estos conflictos.
¿Como sigue el conflicto en el corto plazo?
En lucha, como siempre, construyendo redes, hermanados en la lucha y movilizados, denunciando también las vulneraciones de derechos, como venimos haciendo desde que empezó la lucha. Siempre que luchamos contra la minera se interrumpieron nuestras garantías democráticas, no es la primera vez que sucede pero la gravedad de los hechos no tiene precedentes, ni en Argentina ni en la región. Vamos a seguir hasta que bajen las máquinas del cerro y se suspenda la explotación de la megaminería en nuestros cerros. Solo en Andalgalá hay 262 cateos, puntos de interés para atacar y destruir nuestros cerros. El agua, la tierra y las semillas son bienes comunes, no mercancía. Necesitamos que se mantengan como están para poder desarrollarnos como pueblo, tanto nosotros como el resto de la región.
