El Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba adhiere al reclamo de organizaciones sociales de la provincia que reclaman parar con los desalojos campesinos y exigen una intervención del Estado para reparar y proteger a una familia integrada por dos mujeres solas, madre e hija, del paraje Las Paradas, comuna Las Cañas, Departamento Cruz del Eje, a unos 200 kilómetros aproximadamente de Córdoba Capital.
Según contó la técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Marisa Breit, se trata de Esther y Bety Sanchez, que vivieron toda su vida en el lugar, los heredaron de su familia bajo la forma de posesión y ahora sufren el reclamo de un empresario salteño, que afirma haber comprado el campo en la década del ’90, pero que recién en 2002 inició el reclamo por la presunta usurpación del lugar.
Marisa Breit, afiliada de ATE y trabajadora despedida por el macrismo e reincorporada fruto de la lucha de nuestro gremio, se desempeña en el arco noroeste de la provincia, en la zona de San Marcos Sierra y el norte de las Sierras Grandes, y está asesorando a las campesinas que están viviendo un verdadero despojo de parte del empresario y de un Poder Judicial que no atiende a la realidad del norte provincial, donde son pocos los títulos de propiedad y donde las familias suelen sufrir el robo de sus campos a pesar de tener una vida de trabajo en el lugar.
“Desde la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la SAF se acompaña a estas productoras mientras se apela el fallo, exigiendo el fin de los desalojos campesinos”, dijo Breit.
“Una reconstrucción de mapas catastrales de la zona da cuenta que la madre de Ester figura como dueña, pero no existen los títulos porque no forma parte de la cultura de la zona a pesar de vivir allí desde siempre, situación que se constata a partir de la reconstrucción histórica que facilitan las partidas de nacimiento de madre, hija y abuela, donde queda claro que habitan el lugar con más de 100 años de posesión”, agregó la técnica.
La trabajadora de Agricultura Familiar expresó el reclamo para “anular el desalojo ya que no se la puede acusar de usurpar su propia casa. Pedimos reconocimiento de las posesiones y exigimos la vigencia del artículo 19 de la ley 27118, ley de agricultura familiar, que prorroga los desalojos y los deja sin efecto, así como la reglamentación de la ley que aún no se realizó, a pesar de que está aprobada desde 2015”.
Vale señalar que el Estado viene reconociendo la posesión de la familia Sanchez. Un informe adjuntado a la causa establece todos los trabajos realizados en la zona con estas productoras, el INTA tuvo intervención por medio de un proyecto del Programa ‘PorHuerta’ que instaló una cisterna. El organismo también viene asesorando a las Sánchez con cerramientos y trabajos con animales.
El caso recuerda al de la campesina Ramona Bustamente, a punto de ser desalojada de un propiedad en la localidad de Sebastián Elcano, que tiene 90 años y lleva dos décadas resistiendo un desalojo por el reclamo de dos empresarios sojeros sobre el derechos del inmueble.
Ramona se ha convertido en un ícono de la resistencia campesina ante el avance de empresarios sojeros, que empujan a las poblaciones que hacen agricultura extensiva producciones de subsistencia a los cordones de la pobreza de los grandes centros urbanos.
