Rechazamos enfáticamente el Memo N° 4/2021 ya que resulta intolerable la discriminación de la que da cuenta, siendo una decisión abiertamente antijurídica por contradecir la normativa vigente de orden jerárquico superior, por lo que solicitamos que en su carácter de máxima autoridad de la cartera educativa provincial, revoque el citado Memo, bajo apercibimiento de interponer todas las acciones gremiales y legales que correspondan.
El Memo que se impugna no cuenta con ningún requisito para ser configurado un acto administrativo válido, no tiene causa, motivación, ni siquiera respeta las formalidades requeridas para el dictado de un acto administrativo por lo que resulta una expresión de voluntad administrativa inválida, que mediante una Memorandum a título informativo pretende modificar derechos subjetivos del personal docente, vulnerando la normativa vigente.
Vulnera el Estatuto Docente en tanto impone condiciones restrictivas para el ingreso a la docencia o para la toma de nuevas horas cátedra que dicha normativa no exige ni impone.
Mediante un mero acto de la administración a título informativo como es el Memo apuntado, no pueden establecer condiciones que de forma peyorativa y discriminatoria afecten derechos subjetivos y adquiridos del personal docente.
No puede argumentarse que el requisito de la presencialidad constituya una condición excluyente para vulnerar derechos laborales. Sin perjuicio de establecer que en el corriente año la modalidad continúa siendo virtual en múltiples casos, materias y establecimientos, y que la llegada de la llamada “segunda ola” de contagios podría determinar una vuelta a la virtualidad, las nuevas formas educativas ante las nuevas formas de convivencia y de gestión que ha causado en nuestras sociedades la pandemia, no puede determinar formas regresivas, y discriminatorias de contratación para el personal docente.
Muchas/os docentes a la fecha encuentran gravemente afectados su derecho al progreso en su carrera docente (ya que no pueden aumentar sus horas cátedras) así como su ingreso a la docencia por un acto de dicho Ministerio que los excluye, y los discrimina por su edad, por su condición de embarazo, o por su salud (en todos los casos por pertenecer a grupos de riesgo). Dichos docentes pueden de forma remota cumplir perfectamente con su carga horaria y su trabajo docente de manera virtual, circunstancia que se les impide sin fundamento alguno.
ATE siempre está
ATE Educación se encuentra acompañando, junto con el Departamento de Género y Diversidades de ATE y otras organizaciones, la presentación de la nota a la Fiscalía Federal N°2, solicitando medidas de prueba y avances concretos en la causa en la cual resultara imputado y detenido, Eduardo Garzuzi, puesto que no es la única persona señalada como responsable sino que la red funciona con más implicados que deben ser investigados.
Por la protección para “Nora”, y Justicia para ella y todas las víctimas de la trata de personas. A continuación compartimos un comunicado de prensa sobre la causa:
Comunicado de Prensa- 14/04/2021
La familia de “Nora” exigió avances en la causa por trata
Miriam Sabatino, madre de Nora y su abogada Natalia Bilbao Carmona, patrocinante junto a Claudio Orosz, se presentaron ante Tribunales Federales para entregar a la Fiscalía Federal N°2 un escrito solicitando que se avance en la investigación enmarcada en el delito de trata donde participó más de una persona.
El escrito exige que la Fiscalía, bajo la órbita de Casas Nóblega, efectivice las medidas de prueba ya solicitadas así como la recolección de otras nuevas que la familia y abogados vienen aportando a la causa de la que en 2020 resultara imputado y detenido, Eduardo Garzuzi.
La petición formulada exige que se avance en investigar a los demás implicados, ya que Garzuzi no es el único señalado: Eduardo Zanello, es apuntado como entregador de Nora y por eso la querella exige su imputación como partícipe primario.
Lejos de investigar el accionar de estos dos miembros del Poder Judicial Provincial que son actores centrales en la captación de la joven “Nora” a través de un plan ejecutado en común, la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Casas Nóblega, ha venido insistiendo en tomar declaraciones a “Nora” sin respetar los tiempos de un proceso largo, arduo y doloroso de recuperación que todos los tratados internacionales, profesionales y personas expertas en la materia exigen y recomiendan respetar.
La abogada Bilbao Carmona, señaló: “a pesar de que hemos aportado innumerables pruebas, llamativamente la fiscalía deja de lado aquellas que en particular, complican a Eduardo Zanello. Ante cada caso de femicidio como el de Úrsula Bahillo, queda expuesto el rol que juega la justicia patriarcal desoyendo a las víctimas, culpándolas de lo que les pasa, poniendo en duda su palabra. Esa misma justicia responsable de que los femicidios ocurran porque desprecia la vida de las mujeres y niñas, es la que encubre a sus pares sin cuyo concurso las redes de trata no funcionan.”
El caso de Nora es emblemático para el movimiento de mujeres y disidencias que lucha contra todas las formas de la violencia de género. El caso de Nora es emblemático porque ella está viva y se exige su protección real. El caso de Nora es emblemático porque evidencia una específica modalidad que utilizan estas redes de trata a través de la captación de jóvenes vulnerables bajo el engaño de un vínculo romántico que pretende “enmascarar” el accionar de los victimarios como “violencia sexual” o “de género” individual e intrapersonal, en caso de ser descubierto y denunciado.
La sospecha de los abogados patrocinantes de la madre de “Nora” es que hacia allí pretenden desviar la causa, poniendo también en riesgo la vida de la joven, revictimizándola.
Acompañaron esta solicitud a través de sus firmas y/o con su presencia, las Decanas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Flavia Dezzuto y de la Facultad de Artes, Ana Mohaded, de la UNC; diputados y legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas como Brenda Austin (UCR), Nicolás del Caño (PTS) o Gabriela Estévez (FDT), así como legisladoras provinciales como Noel Argañaraz, Liliana Olivero, Laura Vilches, Noelia Aguero del FIT y María Rosa Marcone de Encuentro Vecinal, así como abogadas y profesionales del Equipo Justicia por Cecilia Basaldúa, entre otras referentes y personalidades de los DDHH, políticas, sociales, sindicales, universitarias, así como de las organizaciones integrantes de la Asamblea Ni Una Menos que sigue la causa desde el primer momento.
El estado, los gobiernos, la policía y la justicia son responsables de que las redes de trata sigan funcionando. Desmantelamiento ya.
Por la protección real para “Nora” y justicia para ella y todas las víctimas de la trata de personas.
