Ante la inminencia de la orden judicial para despojar a Ramona Orellana de Bustamante por tercera vez de su campo Las Maravillas, en la zona de Sebastián Elcano, en el norte provincial, ATE repudia el accionar de una Justicia, ensañada con una humilde campesina para entregarle el lugar a dos empresarios sojeros que reclaman la propiedad, tras hacerle firmar a la mujer de manera fraudulenta una renuncia a sus derechos posesorios de donde vivió toda su vida, al igual que sus antepasados.
Al mismo tiempo desde el Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba nos solidarizamos con Ramona y su familia, y exigimos que el Estado provincial intervenga de manera decidida para enmendar una injusta situación, que de igual manera afecta a miles de familias rurales, que viven de toda la vida en zonas sin escrituras de los terrenos y son víctimas permanentes de sojeros inescrupulosos, en el marco del alocado corrimiento de la frontera agrícola en el norte provincial.
Se trata de campesinos y campesinas que sostienen prácticas agroecológicas y son forzados a abandonar sus propiedades y quedar arrinconados en los cordones de pobreza de las grandes ciudades, mientras en modelo agrotóxico se impone contra viento y marea por sobre el de Soberanía Alimentaria, el bosque nativo es sistemáticamente talado para la siembra transgénica y las fumigaciones convierten a los parajes en desiertos color verde-soja.
Orellana de Bustamante fue desalojada ya en otras dos oportunidades por las violencia policial al servicio de los empresarios Scaramuzza, su casa derribada y el pozo de agua envenenado.
Pero la lucha colectiva por lo derechos de los campesinos del norte provincial logró reinstalarla frente a la persecución permanente de una Justicia dura con los débiles pero genuflexa con los poderosos.
Por eso hoy es indispensable, más aun en el marco de la pandemia de Covid-19, suspender todos los desalojos en la provincia. Al mismo tiempo, tanto el gobierno provincial como el nacional deben reglamentar la Ley de Agricultura Familiar, de cada nivel juridiccional, para que se apliquen las normas que que reconocen derechos ancestrales sobre la tierra y se faciliten mecanismo de ayudas económica para las familias involucradas.
Cabe señalar que la ley nacional espera su reglamentación desde 2015, en tanto la provincial aguarda su puesta en práctica desde 2019.
Hoy Ramona es un símbolo de la resistencia, ante la prepotencia del modelo extractivista, que cuenta con la solidaridad de las y los estatales de Córdoba.
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