El intendente Martín Llaryora argumentó que se trata de contratos que no fueron renovados, pero está claro que esas trabajadoras y trabajadores debían en su inmensa mayoría integrar la planta permanente del municipio y fue su condición de precarizados, al carecer de la estabilidad laboral propia del trabajador estatal, lo que los puso en situación de vulnerabilidad frente a la patronal.
Los despidos llegaron incluso al sector educativo, área de atención de los sectores más vulnerables de la ciudad donde las propias autoridades dijeron que no aplicarían el “recorte de gastos”, como los medios de comunicación habituados a propalar sin atisbo de crítica las políticas oficiales en Córdoba gustan llamar al ajuste.
Peor aún, estos despidos se producen en el marco de la pandemia, lo cual torna inhumana la medida. Son 117 familias que no podrán llevar el pan a su mesa en medio de la crisis sanitaria y económica más grave que recuerde nuestro país.
Todo sucede mientras la propia Municipalidad gasta millonarias facturas en contrataciones de consultoras para medir la imagen del intendente o alquila sospechosos edificios para ubicar reparticiones municipales en las zonas más caras de la ciudad.
Desde ATE instamos a las autoridades municipales a rever este penoso proceso de ajuste. La ciudad necesita convivencia y políticas claras para beneficio del bien común, cosa que los trabajadores siempre estamos dispuestos a acompañar porque somos los garantes de los derechos del pueblo con nuestro trabajo cotidiano.
También reclamamos al Ministerio de Trabajo de la provincia a que intervenga para detener los atropellos patronales. Su rol como árbitro de los conflictos gremiales brilla por su ausencia.
Federico Giuliani
Secretario General
ATE Córdoba
Hugo Duran
Secretario Adjunto
