El pedido de inconstitucionalidad sobre la totalidad de la norma aprobada por la Legislatura Provincial el 20 de mayo pasado quedó presentado al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El máximo órgano del Poder Judicial provincial ha admitido el pedido que pasará a fase de estudio hasta que dictamine al respecto.
El “cordobesismo” ha vuelto inviable el sistema previsional cordobés al decidir no tocar a los grandes grupos económicos ni a los sectores más ricos de la sociedad para sostener la política previsional provincial y hacer caer todo el peso sobre los hombros de las y los trabajadores. Si bien el camino emprendido contra la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba no es nuevo, la afrenta de la Reforma Previsional sancionada entre gallos y medianoche por el oficialismo provincial vía teleconferencia el pasado 20 de mayo es un punto además de ilegítimo e inconsulto, totalmente inconstitucional como lo denota la acción emprendida por el equipo jurídico de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba por intermedio del Dr. Eugenio Biafore.
“La primera afrenta que iniciamos es contra el principio de progresividad que está en la Convención de los Derechos Sociales y Políticos de 1968 y que es una pieza fundamental del andamiaje jurídico internacional, con valor Constitucional en el Artículo 75”, explicó Biafore. Según el letrado, ello implica que ninguna Ley de menor rango que la Constitución puede atentar contra ella.
“Luego hemos atacado aspectos puntuales: Tal es el caso del Articulo 35 que limita la jubilación máxima en $102.000 para quienes sumen esa cifra entre dos jubilaciones, una jubilación y una pensión o alguna de ellas y un trabajo activo. Eso es directamente un latrocinio. Decidieron sacar con una Ley, parte de lo que ya correspondía a estos jubilados, sin buscar otras alternativas”, detalló Biafore.
“Por otro lado –continuó el abogado de ATE- hemos atacado el punto concerniente al cambio del promedio como se calcula el haber jubilatorio que ahora se hace sobre los últimos diez años, no sobre los últimos cuatro. Esto puede implicar la pérdida del esfuerzo que muchos trabajadores han hecho en estos últimos tiempos para tener mejores salarios una vez jubilados”, expresó.
Por otro lado, desde ATE Córdoba, advertimos también que no puede establecerse una justificación meramente coyuntural como la del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio respecto a un déficit que el mismo Gobierno Provincial ha construido a lo largo de los años y que una y otra vez han negociado con los gobiernos de turno para su mantenimiento, financiación, para extraer sus fondos. El problema, entonces, es del sistema que han creado: y ahora pretenden hacerse los distraídos y poner las culpas afuera. Es como si uno le echara la culpa al proveedor de agua cuando se le inunda la casa porque dejó la bañera tapada y con la canilla abierta.
Desde ATE Córdoba celebramos cuando todas las Cajas Provinciales se nacionalizaron con la nefasta Ley 24.241 (de las AFJP) y Córdoba no lo hizo. En aquel entonces la nacionalización significaba la privatización de los aportes jubilatorios, el ingreso del sistema de reparto privado. Ese era el esquema neoliberal. Mantener la Caja, EPEC, el Banco, era algo relevante para los trabajadores. Sin embargo, a partir de este hito, vinieron todas las posteriores “armonizaciones” que han sido siempre de espaldas a la gente lo que nos da a pensar que si no fueran ajustes bestiales no lo harían siempre entre gallos y medianoche, cuando la gente no puede salir a manifestarse como es en este caso. Ello marca la profunda vocación antidemocrática que tiene el gobierno neoliberal de Juan Schiaretti.
El Gobernador y sus legisladores decidieron repartir el ajuste entre los que menos tienen y no obligar a que los que más pueden aportar lo hagan: de esta forma la distribución de los costos fiscales de estos derechos se amplían a la mayor cantidad de capas sociales, con un esquema totalmente regresivo que no toca verdaderamente a los ricos sino que equipara todo hacia abajo.
Su decisión es que la crisis la paguemos los trabajadores y están dispuestos, inclusive, a ir contra la Constitución para ello. La decisión de ATE Córdoba es luchar en todos los ámbitos para impedirlo.
Federico Giuliani
Secretario General
Consejo Directivo Provincial
ATE Córdoba
