La revisión de las pensiones resuelta por la Agencia Nacional de Discapacidad genera zozobra entre los beneficiarios y expone una vez más el desinterés del gobierno macrista por el bienestar de los más necesitados.
A través de la resolución 268/2018, la Agencia Nacional de Discapacidad aprobó el pasado 25 de septiembre el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez.
La medida está dirigida a las personas que tienen la pensión no contributiva con el claro fin de darle de baja e impedir que nuevas personas puedan acceder al beneficio, y tiene el sello del pacto de ajuste con el FMI que el gobierno anunció también la semana pasada, mientras nos encontrábamos realizando el paro general.
Desde la conducción nacional de ATE repudio la orden emanada desde el gobierno al tiempo que acusó a los funcionarios de estar vaciando los centros de atención de la Comisión Nacional de Pensiones, derivando a su vez los beneficiarios a las Udai de Anses, donde los trabajadores ven recargadas sus tareas.
Es inconcebible que el peso del ajuste recaiga en los discapacitados, atropellando no solo los derechos de los más vulnerables.
Además, desde la CTA-A señalaron que la medida se funda en un decreto que es inconstitucional porque choca con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestra carta magna.
El modo de notificación será a través del recibo de haberes o por medio de una notificación en el domicilio del beneficiario. Una vez que esto ocurra se deberá apersonar a la oficina más cercana al domicilio e iniciar un descargo. Según se divulgó en un instructivo sobre de cómo realizar el descargo y los pasos a seguir, deben tenerse en cuenta algunos criterios:
- No debe presentarse a la UDAI si no recibió notificación.
- Desde que recibió la notificación corren diez días hábiles administrativos para que el pensionado pueda: tomar vista de las actuaciones, ejercer su defensa y ofrecer prueba en la administración (UDAI).
- Deben concurrir a la UDAI (ANSES) más cercana a su domicilio, para lo que antes deben obtener turno llamando al número 130.
- Imprimir dos ejemplares del escrito, firmarlos, dejar uno en la UDAI y exigir copia de recepción (con sello fechador).
- IMPORTANTE: Para ejercer su defensa ante la administración pública no es requisito que un abogado suscriba su petición, por lo que en el caso de imposibilidad de contratar un abogado, puede hacerlo utilizando el modelo que se adecue a su situación.
